Las comunidades socialistas, nacionalistas y regionalistas han exigido hoy un pacto educativo social, político y territorial, que respete escrupulosamente las competencias y que no se diseñe sobre los cimientos de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que deberá ser derogada.
Así lo han manifestado en el Senado los consejeros de Educación de las comunidades socialistas de Andalucía, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares, pero también de Cataluña, País Vasco y Navarra y de las regionalistas Cantabria y Canarias, que han coincidido en pedir al Gobierno que revierta los recortes y dé a las autonomías una financiación justa.
El debate, celebrado en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, tal y como se acordó en la pasada Conferencia de Presidentes, ha contado con la presencia de consejeros de Educación de las 17 autonomías, que han coincidido en la voluntad de que se perfile un pacto educativo que respete el plurilingüismo, se abra a la participación de la comunidad educativa y actualice la formación profesional.
En la Comisión también se ha abordado, por algunas comunidades, la necesidad de establecer un par de foros para el debate estable: uno territorial y otro de la comunidad escolar.
La consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, ha insistido en el “escrupuloso” respeto a las competencias, lo que, según sus palabras, se traduce en “políticas propias”.
