El exconsejero de Economía de la Generalitat Macià Alavedra ha admitido hoy que cobró, junto con Lluís Prenafeta, ambos hombres de confianza de Jordi Pujol, comisiones del 4 % por mediar en operaciones urbanísticas, si bien ha desvinculado a Artur Mas de actuar a favor de la trama Pretoria.
Su confesión en el juicio a la red de corrupción urbanística en Cataluña que se celebra en la Audiencia Nacional está sujeta al pacto que hizo el primer día con la fiscal Anticorrupción Ana Cuenca, que en un principio pedía para él 6 años y 10 meses de cárcel pero que hoy ha dicho que solicitará una pena que no suponga su ingreso en prisión si paga una multa de 10,3 millones de euros.
Alavedra ha reconocido que usó sus contactos políticos adquiridos durante su etapa en la Generalitat para intermediar a favor de empresarios a cambio de mordidas.
En concreto, lo hizo con el exconsejero de Economía y de Política Territorial Antoni Castells, pero no con Artur Mas, que ha negado que fuera uno de esos políticos. “Con Artur Mas para nada”, ha respondido el exdiputado de CDC y CiU a preguntas de la representante del ministerio público.
Otro de esos contactos era Jordi Pujol, si bien la fiscal no ha entrado a cuestionar si él conocía o intervenía en esas mediaciones.
Tanto él como el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta cobraron dádivas del 4 % del precio de venta de unos terrenos junto al puerto deportivo de Badalona y de dos fincas en San Andrés de Llavaneras porque “en este tipo de casos es la comisión habitual”.
Los tres -Alavedra, Prenafeta y el cerebro de Pretoria, Luis Andrés García “Luigi”, exdiputado del PSC- crearon un “grupo de intermediación” entre empresarios y cargos públicos en el que la función del “Luigi” pasaba por coordinar “a todos los vendedores para que estuviesen de acuerdo en vender”.
Después, el exdiputado socialista contactaba con ambos para que buscasen a “un tipo de empresario al que le interesase” la operación y luego se repartían la comisión entre los tres, ha relatado el acusado.
El ministerio público también acusa a Alavedra de ocultar a Hacienda en torno a 6 millones de euros -entre los que se encuentran los 637.688 euros que le reportó su actividad ilícita en Pretoria- a través de un complejo entramado de sociedades opacas y de cuentas en Andorra y Suiza.
Un montante que provenía de varias operaciones en Portugal y Suiza de las que únicamente ha admitido que hizo una declaración complementaria a Hacienda en las referidas al país luso.
También ha declarado hoy el considerado número dos de “Luigi”, Luis Valera, que se ha desvinculado de toda responsabilidad en la trama aunque sí que ha reconocido que administraba algunas de las sociedades del cerebro de Pretoria porque él estaba en una “situación comprometida” al haber declarado concurso de acreedores en una de sus empresas.
Según ha dicho, él únicamente administraba las sociedades pero no tomó ninguna decisión sobre las operaciones urbanísticas que lideró la red corrupta y a raíz de las cuales se defraudó en torno a 45 millones a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.
Pese a que se ha desvinculado de la actividad ilícita que se desarrolló en las mencionadas localidades entre 2001 y 2009, ha dicho que su imputación en la causa le condujo a perder su empresa y la casa donde nació. “Pierdo hasta ese punto”, ha lamentado.
El último en declarar hoy ha sido el empresario José Singla, propietario de la empresa Proinosa que, pese a no cumplir los requisitos técnicos del concurso, resultó adjudicataria de muchas de las obras que se realizaron en la llamada operación Pallaresa, en Santa Coloma.
Singla también se ha desentendido de toda actuación ilegal en la adjudicación del concurso y no ha sabido explicar por qué razón tanto él como “Luigi” vendieron las acciones que poseían en las empresas que resultaron adjudicatarias por un valor 9 veces mayor al inicial, aunque ha dado a entender que quizá los inversores pagaron más porque debían abonar los “gastos generales” que habían tenido hasta ese momento.
Y también se ha desvinculado del ático que presuntamente regalaron él, Valera y “Luigi” al exalcade de Santa Coloma Bartolomé Muñoz por un valor de 600.000 euros por haber intervenido, según la Fiscalía, en la adjudicación de unos terrenos en el municipio que él regía. Sí que lo compró, ha dicho, pero no se le dio “ningún uso”.
Singla seguirá declarando en la siguiente jornada del juicio, que se celebrará el día 18 de abril y en la que está previsto que también declare Prenafeta.
