La Plataforma de Afectados por la Hipoteca protagonizó ayer una protesta a las puertas de la sede municipal de Servicios Sociales y Habitatge para pedir la mediación municipal en un lanzamiento a instancias de la Sareb. La plataforma pide que la entidad que gestiona los pisos procedentes de la reestructuración bancaria acceda a pactar un alquiler social con los ocupantes de un piso en el número 110 de la calle Transversal.
La pareja, procedente de Castelldefels, ocupa la vivienda desde 2015, cuando el propietario del piso se lo ofreció después de abandonarlo por no poder hacer frente a la hipoteca. Dos años después, Lahcen y su esposa han hecho frente a dos lanzamientos. Uno el pasado 24 de enero, que se frenó tras negociar su letrado, el Ayuntamiento y la Sareb, y un segundo el 28 de febrero, que tampoco se ejecutó tras la protesta de la PAH.
La plataforma se concentró ayer frente al servicio municipal de Habitatge, al que pide que ofrezca un alquiler social a la pareja o negocien con la Sareb que se avenga a pactar. "Lahcen quiere pagar un alquiler a la medida de sus ingresos, no quiere ser un ocupa", explican en la PAH.
"Pedimos al Ayuntamiento que contacte con la Sareb para obligarles a un alquiler social" comenta Paqui , portavoz de la PAH. La plataforma asegura que el fondo de reestructuración bancaria ya negoció con los ocupantes la posibilidad de un alquiler social, pero "lo descartó con los mismos argumentos municipales". Aunque no hay menores a cargo, la esposa de Lahcen padece diabetes y una patología cardíaca, "enfermedades agravadas por la situación que están sufriendo", explican.
La administración municipal, que ayer volvió a reunirse con la plataforma, asegura que está dispuesta a hacer un informe sobre la situación social y económica de la pareja para que ésta pueda negociar si así lo considera oportuno con la Sareb o con el municipio de Castelldefels, de dónde procede. Lucio Villasol, director del Servei d’Habitatge, recuerda que hay "881 familias en Terrassa en situación de riesgo de perder su vivienda a medio o corto plazo y están en lita de espera para acceder a un alquiler social. Y también hay 3.500 personas solicitantes de una vivienda social". El Ayuntamiento, añade, que el reglamento de emergencia social exige un mínimo de tres años de arraigo en la ciudad para entrar en este criterio.
