Las niñas catalanas de familias con un menor nivel socioeconómico tienen una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir enfermedades graves, mientras que en los niños la probabilidad es 2,8 veces mayor.
Ésta es una de las conclusiones de un estudio elaborado por el Departamento de Salud que por primera vez ha analizado el impacto de las desigualdades socioeconómicas en la salud con datos individuales de todos los catalanes.
El conseller Antoni Comín, que ha presentado el estudio en la Universidad Pompeu Fabra, ha calificado de “estremecedores” estos datos y ha explicado que es “una foto real, actual y exhaustiva” de las situación sanitaria de los catalanes.
Una de las principales conclusiones del estudio, elaborado por el AQuAS, es la existencia de un gradación socioeconómica en todos los indicadores analizados, aunque de una magnitud variable según los mismos.
Las personas con menos recursos experimentan, entre otros, más hospitalización psiquiátrica, más hospitalizaciones evitables y más consumo de fármacos, mientras que el uso de la atención primaria o de las urgencias es un factor mucho más igualado entre niveles socioeconómicos.
En atención a los medios, el conseller Antoni Comín ha comentado que para combatir las desigualdades que evidencia el estudio “se deben reforzar muchas políticas de salud pública” implicando a todos los ámbitos del Estado y ha reconocido que el sistema de financiación de la atención primaria “debe cambiar en función de las necesidades de salud de la población”.
Comín ha asegurado que las diferencias que se manifiestan en el estudio “no son mayores que las de otras sociedades del sur de Europa” y ha mencionado a los países escandinavos como referentes ya que “su estado del bienestar garantiza una distribución de oportunidades y de recursos más igualitaria”.
El estudio indica también que estas desigualdades marcan la salud de las personas desde los primeros años de vida y, por ejemplo, la tasa de hospitalización psiquiátrica de un niño con pocos recursos es casi siete veces superior a la de un niño con mayores rentas familiares.
En referencia al consumo de psicofármacos, la probabilidad es 3,4 veces mayor en niños de menor nivel socioeconómico.
Esta movilidad intergeneracional de la salud se explica por la importancia del período intrauterino y de los primeros años de vida en la formación de las capacidades que promueven el bienestar a lo largo de todo el ciclo vital, de forma que el riesgo de enfermedad aumenta rápidamente con la edad.
El estudio señala igualmente que la salud y la utilización de servicios sanitarios públicos de las personas de 65 años o más están fuertemente relacionadas con la cuantía de sus pensiones.
En estos casos, la tasa de hospitalización evitable es entre 8 y 9 veces superior en personas con pensiones no contributivas respecto de las que cobran pensiones más elevadas.
Además, las personas pensionistas de entre 55 y 64 años tienen peor salud, utilizan más servicios sanitarios y toman más fármacos que las personas activas.
Por ámbitos, la salud mental es la que presenta una mayor influencia socioeconómica ya que “los recursos sanitarios utilizados con menos frecuencia son los que presentan mayores desigualdades”, según ha explicado Comín.
El estudio pone también de manifiesto que las desigualdades de género están presentes en todas las edades y todos los niveles socioeconómicos, de manera que las mujeres reciben una mayor atención en centros de salud mental y consumen más psicofármacos, mientras que en los hombres es superior la mortalidad, los casos de complejidad elevada y la hospitalización evitable.
Salud ha recordado que se trata de “un estudio pionero” ya que es el primero que analiza estas desigualdades a partir de datos individuales “y anónimos” procedentes de registros del sistema sanitario y no con datos procedentes de encuestas.
En este sentido, el conseller de Salud ha apuntado que su trabajo a partir de ahora consistirá en “realizar estudios cualitativos” que permitan analizar mejor los nexos de causalidad entre los recursos socioeconómicos de los ciudadanos y su estado de salud para “garantizar el derecho a la salud de una forma más igualitaria” que la actual.
