La CUP ha hecho hoy un llamamiento a desacatar la “sentencia política” sobre la consulta soberanista del 9N de 2014 manteniendo a la diputada Irene Rigau en su escaño, y considera “muerta” la vía del referendo pactado con el Estado, por lo que aboga por un “referéndum unilateral” lo antes posible.
El TSJC ha condenado a dos años de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por un delito de desobediencia, a un año y nueve meses a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a un año y seis meses a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau.
Desde la CUP, la diputada y presidenta de su grupo parlamentario, Mireia Boya, ha considerado en unas declaraciones hechas en los pasillos del Parlament que “el estado de excepción ya ha empezado. Estamos ante un Estado de derecho intervenido, como evidencia esta sentencia absolutamente vergonzosa y antidemocrática”
“Esta sentencia -ha añadido-, no sólo va contra tres personas, sino contra los más de 2,3 millones de catalanes que votamos el 9N, hoy nos han inhabilitado a todos”, si bien “era previsible que esto ocurriera, porque conociendo cómo funciona el Estado español y sus poderes fácticos, o cómo está de politizada la justicia española, no esperábamos otra cosa que no fuese una sentencia condenatoria”.
Sabiendo esto de antemano, ha añadido, “nos habría gustado que la defensa de los tres condenados hubiese sido mucho más firme, y que hubiera asumido la desobediencia, porque creemos que es la única forma de llegar a la independencia”.
Para la CUP, “de un Estado que emite este tipo de sentencias no se puede esperar ningún tipo de diálogo”, y su conclusión es que “la vía del referéndum pactado hoy ha muerto, con lo cual sólo queda la vía de convocar un referéndum unilateral”.
“Es la única salida, y es la única por la que apuesta la CUP”, ha puntualizado esta misma diputada antes de recordar que es también la que aprobó el Parlament el 9 de noviembre, por lo que instan a todas las fuerzas políticas “a que abandonen de forma definitiva el sueño irreal de que con el Estado español se puede dialogar y lograr un referéndum pactado”.
“Hacemos un llamamiento a todos los demócratas para que este referéndum tire adelante de forma democrática y que se sumen a nosotros sin poner trabas, al contrario, que nos ayuden a buscar soluciones para que se pueda realizar”, ha señalado Mireia Boya.
Esta misma diputada ‘cupera’ ha emplazado “a todos los grupos de la cámara a reafirmar la condición de diputada de (la exconsellera) Irene Rigau, que fue elegida democráticamente en las elecciones del 27S”, por lo que no entenderían “que abandone su escaño” para cumplir la sentencia del TSJC.
“Le mostramos, en este sentido, -ha añadido- todo nuestro apoyo y solidaridad y le decimos que la CUP no acatará esta sentencia y que esperamos que el resto de grupos tampoco lo hagan”.
Sobre el calendario del referéndum, Boya ha dado a entender que podría variar en función de si el mismo es pactado o unilateral, y para la CUP “está claro que tiene que ser unilateral”.
“Habíamos dado un poco de margen a una vía pactada, porque hay fuerzas políticas que la querían seguir intentando”, ha recordado en alusión al Pacto Nacional por el Referéndum, “pero es evidente que esta vía está muerta y, en consecuencia, somos partidarios de acuerdos políticos que permitan avanzar” el referendo.
A través de la red social Twitter la también diputada de la CUP Anna Gabriel ha indicado que “la respuesta a la sentencia del juicio del 9N debe ser que vayan preparando la condenatoria por convocar y celebrar el referéndum”.
