Terrassa en Comú subió hace pocos días el tono de su crítica al equipo de Gobierno, esta vez en la persona del teniente de alcalde Miquel Sàmper (PDeCAT), responsable de la cartera de Desarrollo Económico, Industria y Empleo. Los comunes denunciaron una presunta incompatibilidad de la actividad política del concejal con la privada de su despacho de abogados. Todo surgió como consecuencia de la aparición en este diario de un anuncio en el que el despacho de Miquel Samper publicitaba sus servicios en torno a las cláusulas hipotecarias abusivas. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de información municipal sobre ese asunto cuyo responsable es el propio Sàmper. TeC establecía el presupuesto de que se podría dar un conflicto de intereses.
El anuncio es producto de un error, como reconoce el propio concejal en privado, porque aparecía él mismo en la fotografía que lo ilustraba. La dedicación a un cargo público no es de la misma naturaleza que la que se lleva a cabo en una empresa privada, en la que el trabajador suele ser dueño de su tiempo libre. Sàmper tiene permiso para dedicar a su trabajo personal 30 horas al año. Un informe del secretario municipal, exculpa a Sàmper de cualquier irregularidad, aunque da un toque de atención por la presencia de Miquel Sàmper en la fotografía del anuncio. Ese gesto ultrapasa las limitaciones que el permiso municipal establecía. En política suele haber pocos grises y es probable que Sàmper haya aprendido bien la lección de que las formas son a veces más importantes que los fondos.
Con todo, se antoja más importante que la declaración de inocencia de Sàmper, el subtexto del informe. El secretario, personalizando en el caso relacionado con el concejald e PDeCAT, hace especial hincapié en la imposibilidad de controlar de forma fehaciente la actividad particular de los concejales a dedicación exclusiva. El texto es clarificador: “No existen elementos que permitan valorar la posibles incompatibilidad” y añade que no hay constancia de que Miquel Sàmper haya utilizado su condición de edil para ejercer actividades profesionales personales. En definitiva, no hay pruebas y éstas son muy difícil es de conseguir.
TeC, en un comunicado mucho más contenido en su forma que la denuncia pública, reclama actitudes éticas, pero pone énfasis en adevertir de que si no hay mecanismos que permitan comprobar la estricta separación entre la dedicación política y la actividad personal, que no se deben dar autorizaciones. Otro debate abierto.
