El extesorero de CDC y exadministrador de la fundación Catdem, Andreu Viloca, era la persona responsable de la presunta concesión de obra pública a cambio de comisiones, según mantiene la Fiscalía Anticorrupción en un informe que forma parte del sumario del denominado caso del 3%.
El juez de El Vendrell (Tarragona) que dirige la investigación levantó ayer parcialmente el secreto de sumario y entre la documentación figura un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que corrobora lo que ha mantenido hasta ahora y que llevó a detener en su día a Viloca.
En dicho informe detalla los trabajos de la Guardia Civil en la investigación, en el que dice que el extesorero de CDC y exresponsable de la fundación convergente realizaba “un especial y anómalo seguimiento de las adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local como autonómico”.
Hace incluso menciones a negociaciones sobre asuntos entre los años 2011 y 2013, cuando el presidente de la Generalitat era Artur Mas y menciona ayuntamientos de toda la geografía catalana como Lloret de Mat (Girona), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Torredembarra (Tarragona), Figueres (Girona) o Sant Celoni (Barcelona).
La Guardia Civil, en sus registros, encontró papeles relaciones con licitaciones en el despacho de Viloca, entre los que incluso hay una nota manuscrita de un empresario a través de la cual le pidió celebrar una reunión para tener “más suerte” en las adjudicaciones.
Ya el pasado 2 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en parecidos términos después de que la Guardia Civil detuviese a 18 personas, entre ellas al propio Viloca, en la cuarta fase de la investigación del llamado “caso del 3 %”.
La Fiscalía Anticorrupción consideró ya entonces que el extesorero de CDC Andreu Viloca jugaba un papel clave en el control del pago de comisiones de empresas por adjudicaciones de obra pública de administraciones en poder de Convergència, en concursos que, pese a aparentar legalidad, se otorgaban previamente a medida.
A raíz de la información intervenida por la Guardia Civil en las anteriores operaciones por este caso, Anticorrupción concluyó que había quedado acreditado que Viloca “llevaba un control exhaustivo” de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones en poder de CDC.
Según la Fiscalía, de confirmarse estos pagos, se trataría de “sobornos bajo la apariencia de donaciones”, que CDC recibía a través de sus fundaciones afines CatDem y Fórum Barcelona.
En un informe de la Guardia Civil remitido el pasado 27 de enero a la Fiscalía Anticorrupción se advertía de que la trama utilizaba una “misma mecánica de distracción de dinero público”, mediante concursos “amañados”, que en apariencia mantenían todos los requisitos formales de legalidad.
