Sí, sí, es mío. Era suyo, admitió, el teléfono móvil que unos mossos habían encontrado en el asiento del copiloto de un coche forzado. Y él, el dueño del móvil olvidado, era el sospechoso del forzamiento. Lo vio un testigo. De sospechoso pasó a imputado, a acusado luego y a condenado después. Y a expulsado de territorio nacional finalmente, por orden judicial, en virtud de dos sentencias que sustituyeron las penas de prisión, de nueve meses en total, por la de expulsión del país.
El robo con fuerza lo perpetró en el 2012 en el barrio de Ca n’Aurell. Un vecino observó a un tipo meterse en un automóvil por la puerta posterior, que había violentado. Era un hombre de origen magrebí, de aproximadamente 1,85 de estatura, ataviado con chaqueta oscura, de complexión delgada. La sala de comunicaciones de los Mossos d’Esquadra dio aviso a sus dotaciones que patrullaban las calles de Terrassa en aquellos momentos.
Unos agentes se dirigieron a la intersección de la calle de Arquimedes con la de Antoninus Pius, donde estaba estacionado el automóvil objeto de robo. Y no muy lejos localizaron al sospechoso.
Lo identificaron y llegó el momento del cacheo, que resultó fecundo. El sujeto llevaba encima efectos sustraídos del coche: un GPS y dos teléfonos móviles, que la propietaria del vehículo reconoció como suyos. Los agentes hablaron con el testigo que había dado la voz de alarma; sí, el sospechoso era la persona a la que había visto meterse en el coche.
Niega los cargos
Por si faltaban indicios, a los mossos les vino otro de cara cuando inspeccionaron el vehículo asaltado. Allí, en el asiento del acompañante, encontraron otro móvil, con información en árabe. No pertenecía a la víctima, sino al sospechoso, como él mismo admitió ante los policías.
El detenido, empero, negó los cargos y alegó que él no había robado nada: el GPS y los dos teléfonos los acababa de comprar, dijo, a un tercero. El "pack" le costó 17 euros. Pero su versión no es creíble, según la Audiencia Provincial de Barcelona, dada la inmediatez temporal y espacial que concurría en los hechos, el poco tiempo que transcurrió entre el robo y la actuación policial, realizado todo ello en un área geográfica reducida.
El acusado apeló una primera sentencia, dictada por el juzgado de lo penal número 1 de Terrassa, que lo condenó por un delito de robo con fuerza y por otro de falsedad en documento oficial, pues los policías le decomisaron un carné en el que la fotografía del titular había sido sustituida por la del acusado. La foto en cuestión estaba grapada al documento.
Atenuante
Las penas impuestas fueron de seis meses y tres, respectivamente, por cada delito, pues el juzgador estimó la existencia de una circunstancia atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas. El proceso estuvo parado demasiado tiempo por causas ajenas al encausado. Entre los hechos cometidos y el juicio pasaron tres años.
La sentencia del juzgado de lo penal, y luego la Audiencia Provincial de Barcelona en su confirmación, sustituyeron las penas privativas de libertad "por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España durante cinco años en total".
