Difícil debe ser encontrar un país como el nuestro, donde la igualdad de obligaciones y derechos propugnada por su Constitución tenga más rotos y descosidos.
Antes de entrar en temas tan politizados como los tan en boga en las últimas semanas, podríamos repasar los diferentes derechos y obligaciones de unos ciudadanos respecto a otros, por ejemplo en función del rincón del suelo patrio en que vivan. Podríamos decir que cada comunidad autónoma se ha pasado por el arco del triunfo esa norma tan sagrada, en sus más variadas medidas, especialmente en las fiscales.
Que tendrá que ver con la igualdad, la variedad de criterios aplicados en impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones.
Hay afortunados que por vivir en una determinada comunidad llevan toda su vida sin conocer prácticamente semejantes “petardos” confiscatorios, mientras en otras llevan toda su vida dejando la piel, año tras año. Por si fuera poco, nuestras autoridades ignoran algunas disposiciones europeas y del Constitucional, de forma deplorable, sobre tales impuestos.
El anterior tema se agrava tremendamente cuando el patrimonio está formado por bienes que no rentan y que incluso tienen difícil liquidez, hechos por los que no para de crecer el porcentaje de renuncias a las herencias. Al mismo tiempo, la Administración ha ignorado el “batacazo” inmobiliario y ha seguido subiendo los valores catastrales, año tras año, que son los que a ella le importan, a efectos impositivos.
Lo mismo que hacen las comunidades autónomas lo hacen los ayuntamientos con sus impuestos y tasas, dándose diferencias importantes en vecinos cuyas localidades están “pegadas”.
Y, para falta de igualdad, la que recibe buena parte de la clase política con sus emolumentos, sus derechos al causar baja, las necesidades de antigüedad para percibir pensiones e incluso se podría considerar también el nulo coste de traspasar su sillón al amigo, ellos mismos de uno a otro o el paso por el juego ése de las puertas giratorias, frente a lo que sería el traspaso de un despacho o empresa particular, negocio menos suculento y duradero que los antes citados.
Y, en cuanto a lo de la justicia igual para todos, ya no sólo resultan odiosas algunas (demasiadas) comparaciones. Ha sido bochornoso que un padre de la patria, que intervino y mucho en la redacción de la Constitución, que viene nadando entre dos aguas en sus artículos en la prensa relativos al derecho de autodeterminación, abronque al país por no compartir su criterio sobre unas sentencias que a él, como defensor, al conocerlas, declaró que le habían dejado “levitando”. Si mira el diccionario, verá que, queriendo o sin querer, él mismo hizo una confirmación. Levitar tiene que ver con los trucos de magia…
Me imagino que con la última y vergonzante decisión del tribunal dejando “ir de rositas” a los “no privilegiados”, en vez de levitar, todos los implicados, defensores, colaboradores y hasta los muchos corruptos imputados que esperan sentencia se reirán perpetuamente de este desgraciado país.
Yo, amigos lectores, hoy acabo de entender alguna célebre y solemne frase: “Todos somos iguales ante la ley”, y era verdad, pero no entendimos que en realidad quería decir: “Todos nosotros somos iguales ante la ley”.
Empieza a ser hora de que, cambien o no la Constitución, hagan lo necesario para que el país entero sea tratado con la igualdad a que hace referencia su artículo 14, en vez de utilizarla, unas veces para tirársela a la cabeza y las más para que demasiados políticos y funcionarios ejerzan de auténticos reyezuelos.
Pero es que con casos como el de Nóos, se quiera o no reconocer, no sólo se va al garete el prestigio de nuestra justicia, sino que no se ha calibrado el daño hecho al sistema democrático entero, al funcionamiento cotidiano del país y, aunque esos “nosotros” no se lo creerán, a su propia institución.
