Mina d’Aigües de Terrassa ha echado más madera al fuego de la liquidación de la concesión del suministro de agua en la ciudad. Al margen de otras impugnaciones a decisiones municipales, sigue abierto el recurso contra el nombramiento de Joan Gaya como comisionado del agua y el que se oponía al expediente de prórroga y liquidación. A este, por cierto, se ha sumado Agbar y no se descarta la existencia de algún otro recurso. Por tanto, las previsiones se están cumpliendo y la marejada judicial empieza a arreciar.
La judicialización del procedimiento aún previsible y legítima no hace más que enturbiar un proceso que debería haber fluido con una mayor naturalidad. La maraña de alegaciones y recursos en la que se puede envolver la liquidación de la concesión genera unas expectativas de cierta confusión. En estos momentos la concesión está prorrogada forzosamente a Mina, quien entre otras cuestiones se queja de que se trata de un cambio en las condiciones de su relación con el Ayuntamiento y por eso acude a los tribunales. No olvidemos que Mina cuestiona la naturaleza de su relación contractual con el Ayuntamiento, cuestión que puede convertirse en el nudo gordiano del proceso de liquidación. Para Mina, el Ayuntamiento no había realizado el expediente de municipalización del servicio por lo que su vinculación no era de concesionaria sino de empresa contratada, lo cual condiciona la naturaleza de la relación. El Ayuntamiento, lógicamente entiende que el servicio es municipal y que se trata de una concesión. Por tanto, cada parte tiene como punto de saluda un presupuesto distinto que condiciona su interpretación y las consecuencias jurídicas del proceso de liquidación.
Como decimos, la concesión está prorrogada a Mina, pero tal como están las cosas, con las nuevas medidas cautelares que ha pedido Agbar en el juzgado, el proceso se ha ralentizado por no decir que se ha paralizado. Por tanto, la prórroga se deberá renovar, ya que acaba el 9 de junio. La cuestión se lía más todavía en el momento en que Mina considera en sus alegaciones que la prórroga en la que vivimos no es ampliable y el Ayuntamiento considera que sí.
En definitiva que ahora es cuando nos perdemos en las cuestiones jurídicas y en realidad, tal como decía ayer el teniente de alcalde, Alfredo Vega, existe la decisión política de municipalizar el suministro de agua, pero todavía no ha acabado el proceso administrativo que lleve a tomar formalmente en la sala de plenos esa decisión.
