Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres sabrán mañana si la Audiencia de Baleares acuerda alguna medida cautelar en su contra tras haberles condenado a 6 años y 3 meses de prisión y 8 años y 6 meses, respectivamente, por varios delitos de corrupción y fiscales en el caso Nóos.
Ambos están citados a las 10.30 horas en una vista de medidas cautelares que solicitó la Fiscalía Anticorrupción el mismo día que se conoció la sentencia, el pasado viernes.
Las vistas, que se prevén breves, serán a puerta cerrada. Los medios de comunicación tendrán vedado el acceso a la sede de la Audiencia de Baleares y deberán permanecer a las puertas del edificio judicial, donde se ha previsto un amplio dispositivo policial por seguridad.
Ante la sala de la sección primera de la Audiencia de Palma que juzgó el caso, el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach concretará mañana las medidas cautelares que pide para Urdangarin y para Torres en dos vistas separadas, una para cada uno de los dos exsocios, y las argumentará.
Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para condenas superiores a 5 años, Horrach sopesa si solicitar el ingreso en la cárcel, prisión eludible con fianza o algún otro tipo de medida cautelar, al “acomodar las medidas a las circunstancias concretas del caso”, según ha dicho al respecto.
También han sido citadas para exponer su postura las representaciones de otras dos acusaciones, la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares y Manos Limpias, que ejerció la acusación popular.
La abogada de Manos Limpias en el caso Nóos, Virginia López Negrete, ha presentado hoy un escrito de renuncia a seguir representando al pseudosindicato como acusación popular en esta causa, por lo que mañana no asistirá a la vista.
Las defensas de Urdangarin y Torres plantearán a su vez las alegaciones que consideren oportunas, antes de que las juezas decidan al respecto.
El TSJIB ha precisado que la sala de la sección primera de la Audiencia resolverá sobre las medidas cautelares que planteen las partes y no podrá imponer ninguna que sea más gravosa de la solicitada por las acusaciones.
En el caso de que alguna acusación solicite la prisión provisional, el tribunal deberá estudiar si concurren los requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Durante esta mañana, dos de las magistradas del tribunal, Rocío Martín y Eleonor Moyà, han presidido otro juicio por narcotráfico.
Por su parte, la infanta Cristina, que habitualmente reside en Ginebra (Suiza), ha acudido hoy a la sede de la Fundación la Caixa en Barcelona para atender su agenda de trabajo en esta entidad.
La Audiencia de Palma condenó el pasado 17 de febrero a Urdangarin por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.
Además de la pena de prisión, también le impuso una multa de 512.553 euros y sendas indemnizaciones de 201.175 euros a la sociedad pública Illesport y de 256.276 euros a la Agencia Tributaria por sus delitos fiscales, según la sentencia, que no es firme, ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.
Diego Torres fue condenado a 8 años y 6 meses por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo, y a pagar multas e indemnizaciones que suman 2,2 millones.
El tribunal considera que la contratación del Instituto Nóos que lideraban Urdangarin y Torres para organizar los dos Illes Balears Forum de 2005 y 2006 y una oficina del proyecto del patrocinio del equipo ciclista Illes Balears, por lo que cobraron unos 2,6 millones de euros, fue una “decisión caprichosa” del entonces presidente balear, Jaume Matas, condenado a 3 años y 8 meses de cárcel, que posteriormente trató de “revestirse de un ropaje de legalidad”.
Según la sentencia, esos contratos fueron “decisiones arbitrarias, orillando la legalidad puesto que conculcaron los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”.
