La patronal terrassense Cecot sostiene que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha desviado para otros usos un total de 1.300 millones de euros entre los ejercicios 2014 y 2016 de los fondos aportados por empresas y trabajadores para la formación (un 0,7% sobre la base de cotización). La Cecot, junto también con una docena de patronales más y la Confederación Sindical de CCOO, mantienen desde hace más de un año un litigio con el Gobierno para que cifre y retorne las cantidades procedentes de las cuotas dedicadas a formación que no se han gastado en el año pertinente y que el Ejecutivo ha dedicado a fines distintos. "Si la Administración no garantiza el uso de los fondos que generamos empresas y trabajadores para la formación, al final tendremos que plantearnos dejar de hacer las aportaciones al fondo", destacó ayer, en un comunicado de prensa, el presidente de Cecot, Antoni Abad.
Diversos estamentos
Inicialmente, la patronal se dirigió al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, y éste derivó el tema a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, al considerar que el ámbito de queja de la patronal era estatal. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Empleo admitió por escrito a la Defensora del Pueblo que en 2015 dejó de gastar 273 millones de euros correspondientes a Formación y que en 2016 se incorporaron unos 33 millones al remanente existente a finales de 2015.
En este sentido, las patronales argumentan que queda sin explicar el uso dado a los 240 millones restantes, que se reconocen como excedentes del ejercicio 2015 de la cuota finalista de formación profesional para el empleo. Según Empleo, esta práctica es legal, un punto que cuestionan tanto la Cecot como CCOO basándose en varias sentencias del Tribunal Constitucional que destacan el carácter finalista de estas aportaciones de empresas y trabajadores.
Además del reconocimiento de estas desviaciones, de los datos de varias respuestas parlamentarias del Ministerio de Empleo en el Congreso de los Diputados se desprende, según los cálculos de Cecot, que en el 2015 hubo un remanente de 448 millones de estos fondos y en el 2016 la cifra ascendió a otros 530.
Más allá que la Administración haya confirmado y reconocido la queja efectuada por la Cecot, el resto de asociaciones empresariales y CCOO, lo que preocupa a los agentes sociales es la actitud de continuar actuando como hasta ahora.
En el informe del 4 de noviembre de 2016 que el Secretario de Estado remite a la Defensora del Pueblo deja a entender que la Administración pretende seguir utilizando los fondos de la cuota de formación profesional, que pagan empresarios y trabajadores, para otros fines que la Administración decida políticamente, y que para ello no se siente obligada a reanualizar o reutilizar sus remanentes. Entendiendo que la cuota no es un tributo previsto como tal en la Ley General Tributaria, ni un ingreso de las Administraciones o sus organismos autónomos tendentes a sufragar sus gastos de forma general, los agentes sociales han vuelto a remitir un escrito a la Defensora del Pueblo, en fecha de 6 de febrero de este año, para recordar al Secretario de Estado para el Empleo que "la cuota de formación profesional es una cotización vinculada a la relación laboral y el hecho de que una vez recaudada se ponga a disposición del
Servicio Público de Empleo Estatal para que éste gestione y aplique a los fines para los que se cobra, no quiere decir que constituya un ingreso desafectado aplicable a cualquier otra cosa, ni a cubrir los gastos generales de este organismo".
En el mismo escrito de 6 de febrero, las entidades demandantes de información vuelven a referirse al Informe de fiscalización al Servicio Público de Empleo Estatal, realizado el 26 de enero de 2012 por el Tribunal de Cuentas y en el que reprocha a este organismo público que utilizara los fondos de la cuota de formación para pagar prestaciones. Así pues, el Sepe ha venido actuando con vulneración consciente de las indicaciones que ya le hizo el Tribunal de Cuentas en el año 2012. El mismo Tribunal Constitucional ha declarado reiterado en múltiples sentencias sobre la formación profesional para el empleo que la cuota de formación es una cuota finalista, sujeta a un principio de caja única.
