Las viudas de los dos agentes rurales que murieron el pasado 21 de enero en un coto privado del municipio leridano de Aspa por los disparos de un cazador, un joven de 28 años vecino de Vacarisses (Barcelona), quieren demandar a la Generalitat por un delito contra la seguridad en el trabajo.
Así lo ha anunciado hoy a EFE el abogado de las dos viudas, Pau Simarro, tras la citación que ha tenido lugar esta mañana en el juzgado de Instrucción número 4 de Lleida, al que han acudido a declarar los cuatro compañeros que acompañaron en la jornada de caza al asesino confeso, Ismael Rodríguez.
Simarro ha explicado que las mujeres de los dos agentes fallecidos le han pedido que inicie un proceso contra la Generalitat al considerar que ha incurrido en un delito contra la seguridad en el trabajo, o que al menos es responsable civil por este hecho.
“El colectivo de Agentes Rurales ya había recibido en el pasado numerosas amenazas por parte de cazadores e incluso ellos mismos han explicado tras este suceso que les han encañonado en más de una ocasión. Sin embargo, la Generalitat no les ha dotado de medidas de seguridad oportunas, como chalecos o armas, hasta una semana después de la muerte de los maridos de mis representadas”, ha explicado Simarro.
El letrado comenzará el proceso contra la Generalitat de forma paralela al que se ha iniciado contra el cazador acusado, cuyos compañeros han acudido hoy a declarar ante el juez, aunque según Simarro “no han aclarado nada”.
“No sabemos aún porqué tardaron más de 40 minutos en llamar al 112 alertando de las muertes, ya que han dicho únicamente que estaban consternados por lo sucedido y que permanecieron en silencio. Nosotros creemos que durante ese tiempo estuvieron convenciendo al acusado para que no se marchase del lugar, por que creemos que su primera intención fue huir”, señala el letrado.
Simarro explica que tampoco han aclarado por qué ninguno de los cuatro acompañantes del acusado acudió a ver cómo estaban los agentes rurales.
“Han explicado que Ismael les dijo que les había disparado dos tiros a cada uno y que estaban muertos porque les había disparado a la cabeza a una distancia de dos metros, por lo que comprendieron que habían fallecido y ni se acercaron a verlos”, explica.
En cualquier caso, según Simarro, el juez no les podrá acusar de un delito de omisión del deber de socorro debido a que ha quedado acreditado con la autopsia que cada uno de los dos tiros que recibió cada agente fue mortal de necesidad, por lo que no podrían haberlos socorrido en ningún caso.
Sobre este punto queda por determinar si el acusado recargó el arma para poder disparar los cuatro tiros que disparó a los agentes o la escopeta estaba trucada y podría disparar más de los tres tiros a los que limita la ley.
“Nosotros pensamos que disparó un tiro a cada agente, recargó el arma y volvió a disparar dos tiros más, rematándolos. Creemos que el arma no estaba trucada porque al parecer después de matar a los agentes se dirigió a su coche y descargó el arma, pero esto nos lo tendrá que confirmar los informes de balística solicitados”, señala.
Por otro lado, tampoco se ha aclarado porqué Ismael pagó solo dos tiqués para poder cazar en el coto de Aspa, cuando eran cinco, y no facilito los apellidos correctos.
“El acusado dice que no dio bien los apellidos de los otros porque no se acordaba de cuales eran. Hoy han declarado que los dos acompañantes más jóvenes solo iban a mirar, no a cazar, pero creemos que sí participaron en la caza. Tampoco tenemos claro si Ismael estaba solo en el momento exacto en el que disparó a los agentes”, señala Simarro.
En cualquier caso, para el letrado todo esto son detalles no determinantes en relación a los hechos principales. “Estuviera solo o no, todo sucedió muy rápido y para nosotros el acusado es culpable de un asesinato porque actuó a traición contra las víctimas, disparándoles un primer tiro, cargando el arma y rematándoles con un segundo disparo”, explica.
Aunque los cuatro cazadores que acompañaban a Ismael, según el letrado, no podrán ser acusados de omisión del delito de deber de socorro quien sí está acusado de colaboración necesaria en un delito de tenencia ilícita de armas es el amigo de Rodríguez a nombre del cual éste puso la escopeta con la que mató a los agentes, quien declarará el próximo 27 de febrero en Lleida.
