El 64% de las empresas catalanas, es decir, más de seis de cada diez, afirma tener clientes que exigen plazos de pago superior a los dos meses, incumpliendo la "Ley sin ninguna consecuencia", asegura la patronal catalana Pimec. Esta organización, con sede vallesana en Sabadell, ha presentado recientemente su informe "Plazos de cobro de las empresas en Catalunya. 2016", del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores se ha reducido tanto en el sector público (9,8%) como en el sector privado (8,9%), pasando respectivamente de 81 a 73 días y de 78 a 71 días.
Aunque en ambos casos los plazos son los más bajos de los observados desde 2011, Pimec lamenta que todavía se encuentran por encima de los máximos establecidos por la legislación en materia de morosidad, especialmente en el caso del sector público, de forma que queda mucho margen de mejora. Sin embargo, esta patronal valora de forma positiva las políticas implementadas en el ámbito público, ya que sistemáticamente mejoran año tras año. En cuanto al sector privado, las empresas que incurren en malas prácticas de pago son, mayoritariamente, las grandes compañías, por lo que esta patronal entiende que la mejora de los plazos de pago en el sector privado que se ha registrado en estos últimos años corresponde sobre todo al comportamiento de los plazos de pago de las empresas de menor tamaño, pymes y autónomos. Según el citado informe, la ratio de impagos en 2016 se ha situado en el 2,2% de la facturación de les empresas encuestadas.
Conocimiento de la ley
Por lo que se refiere a la legislación y derechos que otorga a las empresas proveedoras, el conocimiento de las medidas contra la morosidad se mantiene en torno al 70%. Se constata que es extraordinariamente bajo el nivel de exigencia de intereses de demora o indemnización en el caso de incumplimiento de los plazos establecidos.
Por otra parte, teniendo en cuenta las condiciones pactadas entre clientes y proveedores, de acuerdo con la legislación en este ámbito, el informe constata que es una práctica habitual el establecimiento de plazos superiores a los 60 días que fija la ley o que los clientes exijan cláusulas abusivas a sus proveedores. La patronal destaca que un 92% de las empresas son favorables al establecimiento de un régimen sancionador que penalice las prácticas morosas y de incumplimiento de la legislación.
En relación a la Ley de Contratos del sector público, no recoge la demanda de Pimec de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente en materia de morosidad. De hecho, el proyecto de ley permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las directivas comunitarias, lo que podría comportar la destrucción de puestos de trabajo y el cierre de empresas.
"De aprobarse la ley, permitirá legalmente la ampliación de plazos establecidos previamente, lo que generaría una involución en los pagos al introducir de nuevo el pacto entre las partes. Estos provocaría que las certificaciones fuesen "sine die" y que el "confirming" se convirtiese en una herramienta de pago para no cumplir los plazos establecidos por la Ley.
