El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asumido hoy toda la “iniciativa política” en el 9N, que en su opinión no obedeció a un “capricho” sino a un “mandato del Parlament”, y ha negado que el Govern tuviera “ánimo de desobedecer” al Constitucional cuando mantuvo la consulta tras su suspensión.
En el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia por Cataluña (TSJC) por la consulta del 9N, Mas, que se ha acogido hoy a su derecho a no contestar a las preguntas de la Fiscalía, ha aducido que tras la suspensión del TC la consulta cambió de “formato”, de forma que la administración catalana “ya no era directamente responsable” en la organización de la votación.
En respuesta al interrogatorio de su abogado, el expresidente catalán ha proclamado que el “proceso participativo del 9N”, cuya ejecución -ha insistido- quedó en manos de voluntarios tras la suspensión, “no fue un capricho individual, una salida de tono, una boutade de última hora”, sino el cumplimiento de un “mandato parlamentario” tras unas elecciones democráticas que nadie impugnó.
El acusado ha argumentado que el gobierno catalán no tenía “ánimo de desobedecer” al Constitucional, al permitir que la consulta se desarrollara, y ha recordado que el ejecutivo autonómico nunca recibió una advertencia “clara” del TC de las responsabilidades en que podía incurrir de mantener la consulta independentista, tras la suspensión.
Mas ha asumido ante el tribunal toda la “iniciativa política” en la organización de la consulta y ha afirmado que las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que afrontan nueve años de inhabilitación, se limitaron a seguir las “directrices” que él mismo marcaba.
Tras insistir en que la Generalitat disponía de una ley emanada del Parlament que amparaba la consulta, Artur Mas ha precisado que una vez el TC la suspendió “difícilmente la administración lo podía hacer con suficientes condiciones y garantías”, por lo que se hizo un llamamiento a voluntarios para que asumieran su organización.
“La transformamos en otro tipo de consulta, no organizada por la administración, pero con el concurso de 42.000 voluntarios”, ha recalcado el presidente de la Generalitat, que ha aducido que tras la suspensión había incluso una “imposibilidad material” de detener la organización del 9N ya en marcha.
Por ese motivo, ha explicado, el gobierno de la Generalitat decidió “cambiar el formato” del 9N, manteniendo la pregunta acordada, pero con un “sistema de garantías” que, a su parecer, “se cambió de una forma sustancial”, aunque el Govern seguía ejerciendo sus “amplias competencias” en participación ciudadana.
“No se trataba de una consulta para tener vinculaciones legales, solo para conocer la opinión de la gente”, ha añadido el expresident, tras lamentar los infructuosos intentos del Govern de llegar a un “acuerdo” con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para preguntar a los catalanes sobre su futuro.
Según el expresidente catalán, una vez la Generalitat decidió cambiar el formato del 9N “se nos dejó solos desde un punto de vista político”, lo que dio “la sensación de aún mayores dificultades”, pero el “compromiso” del gobierno catalán era tan “evidente” que se decidió seguir adelante con la votación.
Haciendo suyo uno de los argumentos con que la Fiscalía Superior de Cataluña se opuso inicialmente a una querella por el 9N porque nunca hubo un apercibimiento al Govern, Mas ha defendido que la petición de la suspensión de la consulta del 9N no fue acompañada de una advertencia clara que avisara de las responsabilidades penales en que se podía incurrir en caso de mantener la votación.
En ese sentido, ha recalcado que el TC dio la callada por respuesta incluso cuando la Generalitat, tras la suspensión, le pidió por escrito que aclarara el alcance de su orden.
Mas ha subrayado también en su declaración la “ridiculización, menosprecio y mofa” con que el Gobierno central se refirió a la consulta del 9N en los días previos a la celebración de la consulta: “Se consideraba una cosa secundaria, menor, intrascendente”.
