El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) inicia hoy el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para Ortega y Rigau, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación, acusados de mantener la votación del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la suspendió cinco días antes.
Según el ministerio público, los encausados articularon “una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión de la consulta del 9N acordada por el TC, siendo “plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento” de las órdenes del Constitucional.
Mas, Ortega y Rigau serán recibidos a las ocho de la mañana en el Palau de la Generalitat por el gobierno catalán en pleno, encabezado por el presidente Carles Puigdemont, en un acto de apoyo en el que les arroparán y les acompañarán a pie hasta el Palacio de Justicia, donde está previsto que el juicio arranque a las 09.00 horas.
Las plataformas soberanistas han convocado a miles de personas en el paseo de Lluis Companys de Barcelona, donde se encuentra el edificio judicial, para protestar por un juicio que consideran político y mostrar su respaldo a los tres encausados.
Según la Fiscalía, Mas no solo no suspendió “oficialmente” la convocatoria del 9N tras la decisión del TC, sino que decidió, junto a las exconselleras, “generar la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no era así”.
Un total de 342 periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y técnicos de 70 medios de comunicación, siete de ellos extranjeros, se han acreditado para cubrir el juicio, que se iniciará a las 9.00 horas de hoy con la exposición de las cuestiones previas planteadas por acusaciones y defensas ante el tribunal.
Tras el trámite de cuestiones previas están previstos, por este orden, los interrogatorios a Mas, Ortega y Rigau, que podrían volver a declarar el próximo viernes 10 de febrero si decidiesen ejercer su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.
Según la previsión del tribunal, que podría sufrir modificaciones en función del desarrollo de la vista, para mañana están programadas las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía, la acusación popular -ejercida por los sindicatos policiales SPP y UFP así como por Manos Limpias- y en algún caso también las defensas.
Entre ellos, se prevé que mañana declaren una director de un instituto que se negó a abrir el centro para la votación, así como Joan Cañada, asesor del Departamento de Gobernación que dirigió la organización de la consulta; Elisabet Abad, directora del CIRE que encargó a los presos la confección de urnas, y el director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Jordi Escalé.
Entre el miércoles y el jueves está previsto que declaren los testigos propuestos por las defensa, entre ellos el exconseller de Presidencia Francesc Homs, quien declarará asistido por un abogado dado su condición de investigado por el Tribunal Supremo por su papel en la organización del 9N, causa en la que la Fiscalía le pide nueve años de inhabilitación.
Otros testigos de la defensa que declararán el 8 de febrero son los expresidentes del Parlament Núria de Gispert y Joan Rigol, el que fuera alcalde de Barcelona durante el 9N, Xavier Trias, el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, así como el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch.
Las pruebas periciales se expondrán ante el tribunal el 9 de febrero próximo, tras lo que llegará el turno de las documentales, con el juicio ya en su recta final.
El tribunal que juzgará a Mas está integrado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, el magistrado Carlos Ramos -designado en el alto tribunal catalán a propuesta del Parlament- y y Eduardo Rodríguez Laplaza, un juez de la sala de lo contencioso.
