La nueva ley catalana de medidas de protección del derecho a la vivienda aprobada en diciembre pasado ha generado mucha expectación en los ayuntamientos, a la par que inquietud por cómo se acabará aplicando la posibilidad que abre de expropiar a los bancos el uso temporal de los pisos vacíos que poseen.
El presidente del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, abogó ayer por una gran acuerdo con las entidades bancarias que movilice el parque de pisos vacíos y evite la "complejidad" que supone iniciar un procedimiento expropiatorio. "Nos sentiríamos mucho más cómodos si hubiese un acuerdo grande de país de cesión de pisos por parte de los grandes tenedores a los ayuntamientos para garantizar el derecho a la vivienda y regularizar las ocupaciones", reclamó el político. Además, sería todo un "gesto" por parte de los bancos, que "deberían facilitar a los ayuntamientos buena parte del trabajo que en estos momentos estamos haciendo con medios claramente insuficientes", sostuvo Giménez.
El proceso de expropiación temporal que permite la nueva ley, de la que aún se desconoce cómo se acabará desplegando, no está al alcance de todos los ayuntamientos, señaló. Es una tramitación "muy compleja". Consistorios como el de Terrassa y Sabadell tienen servicios jurídicos capaces de asumir el procedimiento, pero otros muchos más pequeños, no tienen los especialistas que requiere la apertura de este tipo de expedientes. Además, señaló, la expropiación temporal "hay que pagarla", por lo que también implicará un desembolso de recursos económicos. En resumen, "no es tan sencillo como pueda parecer".
Ejercer presión
Este llamamiento al diálogo a los bancos debe hacerse en conjunto porque hasta ahora su política ha sido la de "pactar con la Generalitat" y desoír a los ayuntamientos. Por este motivo, el conseller comarcal de Benestar Social, Educació i Qualitat de Vida, Pol Altayó, anunció ayer la intención del Consell Comarcal de convocar a las entidades bancarias para tratar de negociar directamente con ellas la cesión de viviendas y, en caso de que se nieguen, "poner, como mínimo, en evidencia su falta de participación frente a un conflicto social que se debe afrontar".
El Consell Comarcal no tendrá problemas en denunciar "alto y contundente, que es como debe hacerse", dijo, la "actitud" de los grandes tenedores "ante un problema que no quieren solucionar".
