La Guardia Civil ha dejado hoy en libertad al responsable jurídico de CDC, Francesc Sánchez, que se ha negado a declarar en comandancia tras haber sido detenido ayer en el marco de la investigación del llamado “caso del 3 %”, de supuesta financiación ilegal de Convergència.
Sánchez ha salido del cuartel de la Guardia Civil poco antes de las 14.00 horas y ha afirmado a los periodistas que estaba “muy tranquilo” y que se ha acogido a su derecho a no declarar ante los agentes del instituto armado porque el juez que investiga el caso lo mantiene bajo el secreto del sumario.
“Conozco el caso muy bien porque soy el abogado de Convergència y estoy absolutamente tranquilo, sé cómo está el proceso”, ha indicado Sánchez, que se ha mostrado convencido de que, aunque le investiguen “de arriba a abajo”, no van a encontrar “nada”.
Preguntado por si la operación de ayer podría tener alguna vinculación intencionada con el inminente juicio por la consulta del 9N al expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que arrancará el próximo lunes, Sánchez ha afirmado: “ya sabemos qué pasa siempre, pero no quiero decir nada más de lo que ya todos sabemos”.
Tras quedar Sánchez en libertad, en la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona permanecen siete de los 18 detenidos ayer en la operación policial contra la supuesta financiación ilegal de CDC, entre ellos el tesorero de CDC, Andreu Viloca, que también se ha negado a declarar.
Después de los registros efectuados a lo largo del día de ayer fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil, además de Viloca y Sánchez, el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, y el exdirector general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell.
También han pasado la noche en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Tarragona el consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, el empresario Fèlix Pasquina, y los directivos de la constructora Oproler Josep Maria Bassols y Sergio Lerma, que ha llegado de madrugada a las dependencias policiales desde Madrid, donde ayer fue detenido.
El resto de los detenidos en la operación policial, que comportó 24 entradas y registros en domicilios particulares, oficinas y empresas, quedaron ayer mismo en libertad, a la espera de ser citados próximamente como investigados por el titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), que dirige el caso.
Entre esos detenidos que fueron puestos en libertad tras los registros figuran el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exgerente del Ayuntamiento Barcelona en el gobierno de CiU y ahora presidente la Fira, Constantí Serrallonga, así como dos cargos de la empresa municipal Bimsa, encargada de adjudicar las obras públicas.
