El proyecto de construcción de la planta de biomasa que promueve el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha provocado la reacción, extemporánea según el consell, del clúster de biomasa. Un clúster puede definirse como el conjunto de empresas que, desde su individualidad, trabaja en coordinación con otras empresas del mismo sector y establecen lineas estratégicas para beneficiarse de ese trabajo conjunto. Los clusters suelen surgir por interés propio y también por interés de la propia administración pública. La Generalitat promovió una serie de ellos hace algunos años en lugares específicos del territorio cuyas empresas de un sector determinado lideraban proyectos comunes.
Pues se da la circunstancia de que uno de esos clústers entiende que la administración pública, en esta ocasión en forma de consejo comarcal, está promoviendo un proyecto que viene a convertirse en un elemento distorsionador del mercado. En definitiva, que la administración que debe velar porque estos grupos de empresas puedan desarrollar sin problema su actividad, entra de lleno en un mercado que ellos consideraban copado. Paradójicamente, las empresas dicen también que el proyecto no es viable porque la planta del Consell, no sólo no es necesaria, sino que no es viable, lo cual tiene poco sentido.
En cualquier caso se podría pensar que se trata de un problema de la propia administración puesto que si se atreve con un proyecto que puede acabar en fiasco tendrá que dar muchas explicaciones. O al menos así debería ser.
Esa cuestión es la que genera la mayor paradoja de este asunto. Es decir, que las empresas que por concepto deberían defender el libre-mercado son las que reclaman un cierto proteccionismo a su actividad en el sector y por otro lado, la administración, desde la que se debería velar por el cuidado de la actividad de las empresas de su demarcación, se aventura sin contar con ellas en el mercado.
Igual ni siquiera la reflexión es la correcta porque se trate de un mismo sector con objetivos diferentes, pero en cualquier caso, no deja de llamar la atención el cambio de papeles que se produce cuando hay intereses económicos, políticos o incluso sociales de por medio.
El Consell Comarcal sigue adelante con su proyecto al desestimar las alegaciones que ha realizado el grupo de empresas de biomasa. Habrá que ver ahora si la planta pública de biomasa es viable o no.
