La Fiscalía General del Estado ha ordenado a la de Cataluña abrir diligencias de investigación para comprobar si, como dijo el senador de ERC Santiago Vidal, el Govern ha obtenido de forma “ilegal” datos fiscales de los catalanes y si está investigando a jueces de la Comunidad.
Según el Ministerio Público, si lo manifestado en algunas conferencias por el senador y exmagistrado Santiago Vidal fuese cierto, las actuaciones de las que acusa a la Generalitat “supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos”.
Por ello, el fiscal general, José Manuel Maza, ha ordenado hoy al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la apertura de diligencias “en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Vidal -que hoy ha dimitido como senador- reveló en algunas conferencias entre noviembre de 2016 y enero de este año que la Generalitat se ha hecho de forma “ilegal” con los datos fiscales de todos los residentes en Cataluña y que los presupuestos del Govern tienen una partida camuflada de 400 millones de euros para construir estructuras de Estado.
“La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal”, afirmó Vidal.
El exmagistrado, que fue recientemente suspendido durante tres años por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar en la redacción de una constitución catalana, también dijo que la Generalitat investiga a los jueces establecidos en Cataluña y que un gobierno extranjero no europeo está formando a los Mossos en materia de contraespionaje.
Y acusó al conseller de Exteriores, Raül Romeva, de tener un “preacuerdo” para que una Cataluña independiente, sin fuerzas armadas, participe en la OTAN aportando ayuda humanitaria, y que once Estados de la UE apoyarán una declaración de independencia, entre ellos Letonia, Lituania y Eslovenia.
La Generalitat desmintió “de forma rotunda y categórica” las afirmaciones del senador y manifestó que Vidal no tenía “autoridad para hablar en nombre del Govern, porque no forma parte del mismo”.
“El Govern actúa con total transparencia, no tenemos ningún dato ilegal, no hemos obtenido ningún dato ilegal de ningún ciudadano”, dijo la portavoz del Govern, Neus Monté.
También lo hizo su propio partido, Esquerra Republicana, cuyo portavoz, Sergi Sabriá, dijo que su trabajo es “escrupulosamente legal” y que la opinión de “personas externas al Govern” no es vinculante.
