La Generalitat parece dispuesta a desarrollar el reglamento de uso de armas de los "forestales" que está pendiente desde que, en el 2003, se aprobase la ley del Cos d’Agents Rurals. El anuncio llega después del homicidio de dos agentes de ese cuerpo a los que mató el sábado un cazador de Vacarisses en el término de Aspa, en el Segrià, después de que le pidiesen la licencia.
El doble crimen, además de repulsa, ha generado polvareda política. El conseller Jordi Jané pidió que la Generalitat asuma el control de armas, en manos de la Guardia Civil, y llegó a decir que el instituto armado "tiene que hacer su trabajo de comprobar que las personas que tienen licencia de armas las pueden tener, y para esto hay una serie de pruebas que en teoría y sobre el papel se tienen que hacer", según EFE. Ayer, Enric Millo, delegado del Gobierno, recordó que los aspectos fundamentales de la concesión de permisos, como la homologación de centros médicos de revisión o la entrega de las licencias, dependen de la Generalitat. Y destacó Millo que el Govern ha incumplido de forma sistemática desde hace más de trece años su obligación de aprobar un reglamento para el uso de armas por parte de agentes rurales.
Meritxell Serret, consellera de Agricultura, se ha comprometido a "avanzar" en la seguridad y autodefensa de los guardas y ha contactado con Interior para su colaboración de cara a elaborar el reglamento pendiente. Hasta ahora, los agentes rurales sólo pueden trabajar armados en controles nocturnos contra la caza furtiva.
