La consellera catalana de Gobernación, Meritxell Borràs, ha afirmado hoy en el Parlament que ve “bien” e incluso “necesario” que los funcionarios que lo deseen cojan un día de fiesta para apoyar al expresidente autonómico Artur Mas el 6 de febrero en su declaración en el juicio por la consulta del 9N.
En respuesta a una interpelación del vicepresidente segundo del Parlament y diputado de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, Borràs se ha reafirmado en sus declaraciones del pasado lunes, en las que defendió que los funcionarios acudan a apoyar a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que del 6 al 10 de febrero serán juzgados por la consulta soberanista de 2014.
La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha salido en apoyo de Borràs y ha subrayado que ve “normal” que los funcionarios puedan optar por pedir fiesta el 6 de febrero para unirse a la movilización que preparan las entidades soberanistas para asistir a la concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el inicio del juicio del 9N.
En cambio, el PSC, a través de su portavoz adjunto en el Parlament, Ferran Pedret, ha criticado las “graves” declaraciones de Borràs porque pueden suponer una “coerción” a los funcionarios.
Por ello, los socialistas han registrado una batería de preguntas en el Parlament, para saber por ejemplo si el Govern ha emitido o emitirá alguna indicación al conjunto de funcionarios, si se ha dado alguna indicación a responsables de recursos humanos de diferentes organismos de la Generalitat para facilitar que los funcionarios puedan excusar su presencia ese día o si hay intención de consignar qué funcionarios irán o no a trabajar ese día.
Por su parte, el coordinador general del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha acusado al Govern de “coaccionar” a los funcionarios como en “regímenes totalitarios” y “dictaduras del pasado”, por lo que ha pedido al presidente catalán, Carles Puigdemont, que desautorice a su consellera de Gobernación.
Mientras tanto, la CUP está reuniendo entre hoy y mañana a sus asambleas territoriales para decidir si deben apoyar o no el proyecto de presupuestos del Govern para 2017, antes de que el Consejo Político de la formación tome una decisión definitiva este sábado en Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Los partidarios del ‘sí’ han ganado terreno a raíz de la última oferta del Govern, planteada el lunes y que busca aproximar posiciones con la CUP en enseñanza, renta garantizada de ciudadanía y la creación de un impuesto a los vehículos contaminantes.
También están allanando el camino del ‘sí las aproximaciones entre la consellería de Enseñanza y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Enseñanza obligatoria, que ayer salieron satisfechos de su reunión con el Govern, que suma 1.711 plazas nuevas a las 3.500 ofrecidas inicialmente para el curso 2017-18, por lo que plantearán desconvocar la huelga prevista para el 9 de febrero.
En Junts pel Sí cuentan con que esta vez la CUP no vetará los presupuestos, al contrario de lo que hizo con las cuentas de 2016.
Prueba de este optimismo son las palabras de hoy del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que ha dado por hecho el aval de la CUP y ha garantizado que los presupuestos se aprobarán, de forma que el proceso independentista se llenará de “carburante” para “llegar plácidamente” al referéndum previsto como muy tarde para septiembre.
Fuentes de la Generalitat han señalado que “confían” en que el Consejo Político de la CUP dará su visto bueno a los presupuestos, por lo que no esperan sorpresas en los próximos días.
De hecho, Puigdemont no tiene prevista ninguna comparecencia prevista este fin de semana, más allá de acudir el domingo a la entrega de los Premios Gaudí del cine catalán.
En paralelo y según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat sobre percepción de las políticas y valoración del Govern, los catalanes aprueban con un 5,5 la gestión del actual Govern de JxSí y, al mismo tiempo, la mayoría rechaza la posibilidad de una subida de impuestos, tal como pide la CUP.
