El equipo de gobierno dará un paso más para tratar de garantizar el derecho a la vivienda de los egarenses. Después de los más de 800 expedientes abiertos y el centenar de multas a los bancos por mantener pisos cerrados a cal y canto, ahora está decidido a expropiarles temporalmente el uso de esas viviendas para ponerlas en alquiler social. Y lo hará bajo el amparo de la ley 4/2016 de medidas de protección del derecho a la vivienda aprobada el pasado diciembre por el Parlament. Una ley redactada para suplir la norma 24/2015 suspendida por el Tribunal Constitucional.
La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, explicó que el Ejecutivo local "no hará otra cosa más que aplicar la ley". En concreto, el artículo 15 que "da la opción a las administraciones de ampliar el parque social de viviendas asequibles a través de la expropiación temporal de pisos a los grandes tenedores", principalmente bancos, por un plazo de entre cuatro y diez años.
El equipo de gobierno ya tiene decidido por donde empezar. Serán 200 viviendas las que se prevén expropiar a lo largo de este año. La localización exacta aún se desconoce, así como el estado de los inmuebles, aunque por experiencia el Consistorio sabe que la mayoría suelen estar en malas condiciones, por lo que habrá que realizar obras.
Barrios con más complicaciones
A falta de concretar estos detalles, Melgares quiere empezar por aquellos barrios donde los pisos vacíos y los ocupados ilegalmente están haciendo estragos y generando "más complicaciones". Comenta que uno de estas zonas podría ser Montserrat, donde "hay alrededor de 50 inmuebles vacíos y más de 30 ocupados de forma irregular".
La ley determina qué requisitos deben reunir las viviendas, además de no cumplir su función social por estar vacías, para ser expropiadas: deben de estar inscritas en el registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante puesto en marcha por la Generalitat o bien ser susceptibles de estar en este censo. Actualmente hay 2.038 pisos de Terrassa en esta lista, pero como la inscripción por parte de los bancos es voluntaria, no refleja la realidad del parque de pisos vacíos que hay en Terrassa. Así lo admite la propia Melgares, que reitera que sus cálculos indican que hay entre tres y cuatro mil pisos vacíos en manos de entidades financieras y grandes tenedores de viviendas.
Aunque la intención del Consistorio es aplicar la ley de forma inmediata, ésta tiene un procedimiento y habrá que esperar para ver los primeros inmuebles en manos de familias necesitadas. Antes de expropiar, el Ayuntamiento debe enviar un requerimiento a las entidades financieras para que les ceda voluntariamente la vivienda vacía. Si en el plazo de un mes el banco no demuestra que el piso se encuentra alquilado de forma legal o vendido y no acepta la cesión, "podemos entrar a expropiar porque no estaría cumpliendo la función social de la vivienda", relata Melgares, que defiende que esta herramienta "es una manera de forzar la voluntad de los grandes tenedores que tienen abandonadas viviendas de su propiedad".
A medias con la Generalitat
Los gastos de expropiación y de adecuación de los inmuebles se financiarán al 50% entre Ayuntamiento y Generalitat. El bipartito ha estimado que las 200 primeras expropiaciones previstas costarán alrededor de un millón de euros. Para calcular el justiprecio de la expropiación se tendrá en cuenta el alquiler medio que podrían pagar las familias vulnerables a quienes iría a parar el alquiler. En el caso de Terrassa, por los datos con que cuenta Servicios Sociales, la renta que podrían afrontar las familiaoscila entre los 80 y los 100 euros mensuales. A esta cifra, multiplicada por los años a los que haga referencia la expropiación, se le restarán los gastos de las obras de adecuación que requieran los inmuebles para ser habitados.
El Ayuntamiento tiene acreditadas 881 familias que han pedido, a través de servicios Sociales, acceder a una vivienda social de alquiler, aunque son muchas más las que en Terrassa no tienen donde dormir, lo hacen en infraviviendas o ocupando ilegalmente. No todo el mundo podrá acceder a los pisos expropiados. Melgares recuerda que hay unos requisitos que cumplir: haber perdido una vivienda anterior; llevar un mínimo de tres años residiendo en Terrassa; ser vulnerables económicamente y, en el caso de que se trate de regularizar la situación de familias que viven en pisos ocupados de forma ilegal, tener un comportamiento respetuoso con el entorno y con la comunidad de vecinos.
El equipo de gobierno llevará esta propuesta al pleno que se celebrará mañana por la tarde con la intención de pactarla con el resto de grupos, pero, más allá del resultado, se compromete a aplicar la ley e iniciar las expropiaciones.
