La jueza titular del Contencioso Administrativo 9 de Barcelona ha desestimado la petición de medidas cautelares solicitadas por Mina en el contencioso presentado por la compañía en diciembre. En ese proceso cuestiona el acuerdo municipal que extinguió la concesión del servicio del agua el pasado 9 de diciembre e impuso una prórroga forzosa a Mina hasta junio de 2017.
Mientras llega la sentencia, la empresa reclamó al juzgado que suspendiera de manera cautelar tanto la prórroga como la reversión de bienes al municipio, pero la autoridad judicial entiende que durante el periodo de prórroga, del que ya ha transcurrido más de un mes, aún no se ha producido el traspaso de material ni de bienes. Mina continua gestionando el servicio del agua en la ciudad en las mismas instalaciones y en el contrato de prorroga forzosa se le reconoce el "beneficio industrial", de manera que, entiende la juez, la compañía no sufre perjuicio alguno.
Con este auto, el juzgado Contencioso Administrativo 9 de Barcelona confirma la decisión municipal de poner fin a la concesión de Mina, recuperar la titularidad de los bienes revertibles y cederlos de nuevo a la compañía durante el periodo de prórroga, para el que ha fijado nuevas condiciones.
Entre ellas, la contratación de un equipo técnico que supervisará el servicio y realizará mensualmente una auditoría contable, fiscal y administrativa. Durante la prórroga, Mina continuará cobrando las tarifas y financiando los costes del servicio. Si la gestión genera superávit, éste revertirá en las arcas municipales y si es deficitaria, el municipio compensará esas pérdidas.
Aunque la prórroga corre desde el 10 de diciembre, la mesa paritaria que debe acordar la puesta en marcha de estas condiciones aún no se ha reunido. Mina se ha amparado en el contencioso y en las medidas cautelares, ahora desestimadas, para no dar cumplimiento a las nuevas obligaciones. La compañía se niega, por ejemplo, a pagar con las tarifas el equipo técnico que supervisará su gestión.
Tras el auto judicial, la pelota está ahora en el tejado municipal. La Justicia da la razón al Ayuntamiento, que deberá decidir si fuerza a Mina a cumplir las condiciones de la prórroga.
De momento, Aigües de Terrassa quiso dejar claro ayer que la desestimación de las medidas cautelares no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. La juez, además, no se pronuncia sobre el fondo del litigio, que se dirimirá en la sentencia del contencioso. Será entonces cuando los tribunales se pronuncien sobre el expediente de reversión de bienes y las condiciones de la prórroga. Mina se reserva además el derecho a pedir "nuevas medidas cautelares si, en un momento posterior, se ponen de relieve perjuicios" no apreciados ahora.
