La condena a un año de prisión al cantante César Strawberry por enaltecer el terrorismo por unos tuits o la petición de dos años para una joven que publicó “chistes” sobre el asesinato de Carrero Blanco han devuelto a la diana de la polémica el fino hilo que separa la libertad de expresión y el delito.
Una delicada frontera sobre la que asociaciones de jueces, organizaciones como Amnistía Internacional, o incluso las propias víctimas supuestamente humilladas, muestran su preocupación al entender que esta “persecución” pone en peligro el sistema de derechos y libertades.
En los últimos tres años más de un centenar de personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad acusadas de enaltecer el terrorismo: desde presuntos terroristas que hacen apología de ETA o el Dáesh, a acusados por comentarios ofensivos y humillantes relacionados con organizaciones terroristas en internet.
A este último grupo pertenecen la mayoría de los detenidos en las cuatro fases de la Operación Araña desde abril de 2014 contra la persecución de este delito en Twitter y Facebook.
Durante 2015, según la última memoria de la Fiscalía, se incoaron 55 diligencias de investigación por delitos de enaltecimiento del terrorismo vinculado con ETA, 22 casos más que en 2014, lo que pone de manifiesto el incremento de estas detenciones hace dos años, sobre todo por comentarios publicados en las redes sociales.
Es el caso del arresto en mayo de 2015 del músico César Augusto Montaña Lehman, de nombre artístico César Strawberry. Seis tuits entre 2013 y 2014 alusivos a, entre otros, el funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, o los GRAPO le han condenado finalmente a un año de cárcel.
Pena que llega después de que la Audiencia Nacional le absolviera en dos ocasiones, decisiones que corrige ahora el Tribunal Supremo al entender que esos comentarios “obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.
Strawberry, que ya ha dicho que recurrirá a quien tenga que hacerlo para demostrar su inocencia, niega su intención de enaltecer el terrorismo y se siente víctima de un “castigo ejemplarizante de quienes manejan el poder” para contrarrestar las absoluciones previas de casos similares, como el de los titiriteros o el del concejal madrileño Guillermo Zapata.
Ambas causas dieron tumbos por los tribunales hasta su archivo, en el que también confía Cassandra, una sevillana de 21 años que estudia Historia en Murcia.
Hace una semana recibió la noticia de que el fiscal de un juzgado de esa ciudad le pide dos años y medio de prisión por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras unos tuits sobre Luis Carrero Blanco, el presidente del Gobierno franquista asesinado por ETA en 1973.
La nieta de Carrero ha reaccionado de inmediato para calificar de “absoluto disparate” la petición de cárcel. Lucía Carrero admite que los chistes de Cassandra sobre su abuelo son de mal gusto y le “repugnan”, pero advierte del miedo que le da que la libertad de expresión “por lamentable que sea” pueda acarrear penas de prisión.
Y este peligro “desproporcionado” da precisamente título al último informe de Amnistía Internacional presentado el martes en varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, para alertar de cómo los gobiernos europeos se están amparando en la seguridad contra la amenaza yihadista para minar derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
“Los gobiernos tienen el deber de proteger a la gente pero no al coste de acabar con un sistema de derechos consolidado”, en palabras del director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, que dejó claro que se está produciendo “un desmantelamiento paulatino y constante” de las libertades.
Para Amnistía, la definición “vaga” y “ambigua” del terrorismo está provocando un aluvión de casos de enaltecimiento como el Strawberry o Zapata, personas que nada tienen que ver con el terrorismo.