El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su antecesor, Artur Mas, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y multitud de cargos soberanistas arroparán hoy a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, antes de declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Forcadell está citada a declarar hoy ante el TSJC como investigada por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al haber permitido el debate y votación de un documento de la comisión de estudio del proceso constituyente catalán que abría la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
La declaración judicial de Forcadell, que podría acabar siendo inhabilitada, se convertirá en un gran acto de reivindicación del mundo soberanista, con dos epicentros: el Parlament y los aledaños del Palacio de Justicia.
Forcadell declara a partir de las 9.30 horas, pero desde cerca de las ocho de la mañana ya estará en su despacho del Parlament, explicaron ayer fuentes parlamentarias.
La presidenta de la cámara catalana recibirá brevemente a figuras institucionales como Puigdemont, Junqueras y Mas, que acudirán a expresarle su solidaridad.
En el Parlament también estarán todos o casi todos los miembros del gobierno de la Generalitat, diputados de las fuerzas independentistas, así como el presidente del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, indicaron diversas fuentes parlamentarias.
Sobre las 8.30 horas, Forcadell saldrá de su despacho y abandonará el Parlament, situado dentro del perímetro del Parque de la Ciutadella, muy cerca de la sede del TSJC, a la que se desplazará a pie.
A las puertas del Parlament ya se encontrará a multitud de alcaldes y cargos electos soberanistas y, junto a ellos, se dirigirá hacia el Palacio de Justicia, donde la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han convocado una concentración de apoyo a Forcadell.
Después de declarar, Forcadell se dirigirá de nuevo al Parlament, donde prevé hacer una declaración institucional en su despacho de audiencias.
Conclusiones
El alto tribunal catalán acordó investigar a Forcadell a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de prevaricación y desobediencia al TC por permitir que el pleno del Parlament, el pasado 27 de julio, votara las conclusiones de la de la comisión de estudio del proceso constituyente.
Forcadell, defendida por el abogado Andreu Van den Eynde, comparecerá ante la magistrada que instruye el caso, María Eugenia Alegret, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que presidió el TSJC entre 2004 y 2010.
A la declaración está previsto que también asistan el Fiscal Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, y el teniente fiscal, Francisco Bañeres.
La presidenta del Parlament recurrió la decisión del alto tribunal de citarla como imputada, alegando que no se podía prohibir el debate de ideas porque no existe "un debate de ideas ilegal", ante lo que el TSJC replicó que no se la investigaba por sus ideas sino porque era "verosímil" la acusación de que desoyó al TC, una "pieza básica" del Estado.
Forcadell comparecerá después que Alegret ya haya tomado declaración como testigos al exsecretario general de la Mesa del Parlament Pere Sol y al Letrado Mayor de la cámara, Antoni Bayona, quienes explicaron que, ante la previsión de que el pleno incluyera en su orden del día la votación de la hoja de ruta independentista, elaboraron por iniciativa propia un informe para advertir al pleno de su obligación de acatar las resoluciones del TC.
Hoja de ruta
El próximo lunes, están citados a declarar también como testigos el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos), el secretario segundo, el socialista David Pérez, y el secretario tercero, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es Pot.
Asimismo, Puigdemont aseguró ayer que "se mantiene la hoja de ruta" hacia un referéndum en 2017 y que no piensa desconvocar la cumbre prevista para el 23 para preparar esta consulta, pese a la presión del "populismo constitucional que recorre el Estado".
Puigdemont afirmó que la suspensión decretada por el TC "no representa ninguna sorpresa", pero sí "confirma una vez más que hay un determinado populismo constitucional que recorre el Estado" y que establece que "los catalanes no tenemos derecho a votar y, si votamos, no vale", ya que el Estatut "tuvo que ser corregido".
