El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene previsto desplazarse a Suiza a principios de 2017, en enero o febrero, para recabar información sobre los fondos presuntamente irregulares que el expresidente de Banesto Mario Conde mantiene en ese país y que ha estado repatriando de forma irregular.
Según ha podido saber Efe, las autoridades del país alpino han respondido ya a las comisiones rogatorias hechas por el magistrado poco después de la detención del exbanquero en abril de este año.
Conde fue detenido el pasado mes de abril acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto y que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.
Por todo ello, está acusado de pertenencia a grupo criminal, alzamiento de bienes, ocho delitos fiscales y el presunto blanqueo de más de 13 millones procedentes de las responsabilidades civiles de los casos Banesto y Argentia Trust por los que Mario Conde fue condenado en los noventa y que no satisfizo íntegramente.
Posteriormente, en junio de este año, el magistrado decretó la libertad provisional para el exbanquero, previo pago de una fianza de 300.000 euros.
La investigación se inició con una querella contra Conde y otras 14 personas vinculadas con él por “estrechos lazos familiares o personales” presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba al exbanquero desde septiembre de 2015 con base en informes de la unidad de inteligencia financiera española, el Sepblac, y de la Agencia Tributaria.
El escrito de la fiscalía destacaba la participación “en primera instancia” de personas de nacionalidad suiza que introducían los fondos en territorio nacional “simulando operaciones financieras ficticias”, razón por la cual la Audiencia Nacional solicitó las comisiones rogatorias con el país alpino, para tratar de aclarar las transferencias de dinero entre Suiza y España.
Los fondos también provenían presuntamente de Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos, Reino Unido e Italia, entre otros, mientras que algunas de las sociedades utilizadas para la transferencia de éstos estaban capitalizadas por mercantiles ubicadas en territorios con los que España no coopera en materia fiscal como Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.
Entre otras cosas, Pedraz considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en dos cuentas corrientes de Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra, que también fue detenida junto con su padre y a la que posteriormente se le levantó el arresto domiciliario.
Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a la que al parecer se han desviado fondos de origen ilícito, algo para lo que también contaban con Oleificio Español y Black Royal.
De estas tres sociedades podrían proceder incrementos patrimoniales no justificados en la renta de Mario Conde, sus hijos y su yerno.
En total, los fondos repatriados a España alcanzaron los 13,06 millones de euros; de ellos 5,6 proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral (Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes), y otros 2,28 millones en efectivo.
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que depende de la Policía Nacional, Conde habría puesto en marcha un entramado de sociedades y personas que se ciñe a los parámetros establecidos por el Centro de Inteligencia con el Terrorismo y el Crimen Organizado para definir una organización criminal.
Se trata de los once requisitos que definen una estructura delictiva organizada: colaboración de dos o más personas, reparto específico de las tareas, actuación prolongada o indefinida en el tiempo, uso de disciplina o control interno, comisión de delitos graves, extensión de la actividad al ámbito internacional, uso de la violencia, uso de estructura económica, implicación en el blanqueo de capitales, uso de influencia sobre políticos, medios de comunicación y autoridades judiciales, y búsqueda de beneficios o poder.
Y las actividades efectuadas por Mario Conde para repatriar el dinero procedente de Banesto, según la UDEF, cumplen nueve de estos once requisitos: todos menos el uso de la violencia y la puesta en marcha de disciplina o control interno dentro de la “organización”.