Apenas hay jornada sin novedades en la enconada guerra del agua entre el Ayuntamiento y Mina, Aigües de Terrassa. Los tribunales han admitido a trámite el recurso que presentó la empresa contra el acuerdo municipal que extinguió la concesión e impuso a Mina una prórroga forzosa (provisional) de la adjudicación del servicio, con nuevas obligaciones jurídicas, y la reversión de los bienes al Ayuntamiento, que está convencido de la titularidad pública del servicio y está dispuesto a recuperarlo.
En la misma demanda, Mina reclamó que el juzgado suspendiese de manera cautelar esas dos medidas, la reversión de bienes al municipio y la prórroga forzosa de la concesión, pero el decreto de admisión a trámite, del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Barcelona, no entra en el fondo de esa cuestión.
El tribunal dio traslado al Ayuntamiento de Terrassa, vía fax, de la suspensión solicitada por Mina para que el Consistorio se pronuncie respecto de esa petición.
Aunque parezca viejo, el litigio no ha hecho más que empezar, al menos en lo tocante a la vía judicial. El 1 de diciembre, el pleno municipal acordó declarar la extinción de la concesión (firmada hace justo 75 años) y el 5 de diciembre, la empresa concesionaria presentó el recurso contra esos acuerdos. Un juzgado de Barcelona admitió a trámite la demanda y la solicitud de suspensión cautelar de los acuerdos y ayer, la empresa dirigió un escrito al Ayuntamiento recordándole que, dada la presentación del recurso, las decisiones adoptadas por el pleno el 1 de diciembre "no se pueden ejecutar" hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto. La sociedad alude a la doctrina del Tribunal Constitucional, y a la normativa de procedimiento administrativo, para avalar ese argumento sobre la no ejecución.
La concesión ha acabado
Si, a pesar de ello, la Corporación municipal ejecuta los acuerdos impugnados estaría actuando contra el ordenamiento jurídico y el derecho a la tutela judicial de Mina, advirtió ayer la empresa. El Consistorio, por su parte, no da su brazo a torcer. Ayer acabó oficialmente la concesión de 75 años y ayer el Ayuntamiento se remitió a los acuerdos del pleno extraordinario del 1 de diciembre. O sea, que empezó los trámites para que los bienes del servicio de abastecimiento pasen a ser de dominio municipal y Mina vea prorrogada la concesión unos meses, eso sí, con un nuevo régimen de obligaciones.
Otro fleco pende de la espinosa situación: qué pasará con los trabajadores de Mina si el servicio pasa a manos del Ayuntamiento. La empresa dice que los acuerdos del 1 de diciembre no definen con claridad cómo se llevará a cabo la subrogación de la plantilla; ayer informó de que el Departament de Treball citará en los próximos días al Consistorio para que lo aclare.
