Hoy caduca la concesión administrativa otorgada a Mina para la gestión del agua en la ciudad, 75 años después de que el Ayuntamiento de Terrassa adjudicara a la compañía competencias para la explotación del servicio de abastecimiento y suministro. Concluye así un contrato emblemático y vinculado a la historia de la ciudad. Y lo hace de una manera áspera y tosca, con la compañía aferrada a continuar al frente del servicio y el Ayuntamiento decidido a pasar página y a asumir la gestión directa.
La guerra del agua ha convertido Terrassa en referente para el movimiento estatal por la gestión pública y un caramelo para las multinacionales del sector, atentas a la posibilidad de hacerse con una cartera de más de 100 mil clientes. En ese contexto, Mina y el Ayuntamiento de Terrassa libran un duro pulso que acabará en los tribunales, que ha puesto en un brete la estabilidad del gobierno y que amenaza con alterar la agenda municipal.
El Consistorio ha impuesto a Mina una prórroga forzosa que obligará a la compañía a continuar prestando el servicio a partir de mañana y hasta el mes de junio. Seis meses que la administración local quiere aprovechar para liquidar la concesión, votar en pleno el nuevo modelo de gestión -20 de los 27 concejales apuestan ya por una empresa pública- y preparar las estructuras que le permitan prestar el servicio a partir del verano.
Pero ese calendario podría saltar por los aires si los tribunales atienden la demanda de Mina. La concesionaria ha llevado esta misma semana al contencioso tanto la prórroga forzosa -rechaza la imposición de nuevos mecanismos de control-, como el expediente de final de la concesión y de reversión de bienes. Es el segundo pleito que emprende la compañía, que también ha puesto en manos de la justicia el nombramiento del Comisionado municipal del Agua, el ingeniero Joan Gaya.
La empresa defiende que la prórroga debe transcurrir en idénticas condiciones que la concesión. Además, discrepa del listado de instalaciones y servicios que el Ayuntamiento pretende recuperar a coste cero al final del contrato. Mina cifra la expropiación de esos bienes que considera propios en 60 millones, mientras la administración calcula que en ningún caso superan los dos millones.
En este segundo contencioso, la concesionaria ha solicitado al juez que adopte medidas cautelares y, en consecuencia, suspenda la aplicación de la prórroga. Mina esperaba el miércoles una respuesta de los tribunales que no llegó. Tras el festivo de ayer, todo indica que hoy se sabrá si la prórroga queda en el aire o bien el proceso del agua sigue su curso.
2014, punto de inflexión
Los 75 años de concesión entraron en crisis en 2013, cuando Mina propuso una subida del recibo del agua del 5,95%. El gesto, en plena recesión económica y con miles de familias sin recursos para los suministros, indignó al Consistorio, que tumbó la propuesta. La Comissió de Preus de la Generalitat ratificó en 2014 la decisión municipal, aprobando un incremento inferior del 1,125%.
Desde ese episodio nada ha sido igual en las relaciones entre la administración local y la concesionaria, que durante los dos últimos años han protagonizado una escalada de tensión impensable durante las más siete décadas que ha durado la concesión. En este momento las conversaciones no están rotas oficialmente, pero salvo contactos puntuales a nivel técnico, la relación institucional es nula.
Duelo de gigantes
Las discrepancias entre la concesionaria Mina y el Ayuntamiento, como administración contratante, afectan incluso al núcleo legal del proceso del agua: la titularidad del servicio. La administración defiende que el agua es un bien de primera nacesidad y de titularidad pública y municipal en Terrassa, donde Mina reivindica sus derechos previos al contrato de 1941 y sostiene que, si pretende gestionar el servicio, el Ayuntamiento debe proceder a adquirir sus bienes y municipalizar.
En paralelo, el proceso del agua ha provocado un auténtico seísmo en la pequeña estructura municipal, que en los trámites para la liquidación del contrato se ha visto obligada lidiar con el gigante del sector Agbar, accionista de Mina. La compañía está arropada en este proceso por el prestigioso bufete Tornos Abogados, y el Ayuntamiento ha respondido con la contratación de los servicios del despacho Menéndez & Asociados Abogados SL, especializado en derecho del agua y colaborador de Acciona.
La administración le encargó en mayo a Menéndez un informe sobre el contrato de 1941 y Mina no tardó en denunciar que gesto como una invitación a Acciona a participar en la pugna por la futura gestión del agua en la ciudad.
Pero la evolución de los hechos ha desmontado esa teoría y hoy el proceso camina, parece que indefectiblemente, hacia la gestión directa por parte del Ayuntamiento de Terrassa, que el próximo verano tomaría el relevo a Mina al frente de la prestación del servicio.
El pleno
La decisión definitiva la tomará el pleno municipal, después de analizar los informes encargados sobre la viabilidad de las diferentes alternativas de gestión. La Ley de Racionalización de la Administración Local obliga a que el modelo escogido sea el más eficiente y también el más sostenible económicamente. La decisión, además, deberá ser refrendada por la Autoritat Catalana de la Competència.
De momento, la mayoría del pleno apoya la gestión pública, después de que el grupo del PSC y el alcalde, Jordi Ballart, dieran un paso al frente en verano y se postularan a favor de la gestión directa.
El detonante fue la negativa de Mina a entregar información que el Ayuntamiento considera clave para la liquidación del contrato y la entrada del nuevo operador, así como una carta remitida a los grupos que éstos entendieron como un ejercicio de presión. La apuesta por la municipalización la secundan en este momento todas las formaciones de izquierda -PSC, TeC, ERC-MES y la CUP-, que suman 20 de los 27 concejales.
Esa alianza podría incluso modificar la composición del gobierno municipal, si prosperan las conversaciones entre TeC y el PSC para formar un nuevo ejecutivo mayoritario y sólido – 15 concejales-, que permita afrontar un tramo final de legislatura marcado por la judicialización del proceso. El agua se infiltra así de lleno en la política, después de inundar los tribunales y oxidar 75 años de contrato entre Mina y la ciudad.
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