Hoy concluye formalmente la concesión del suministro de agua de la ciudad a Mina d’Aigües de Terrassa tras 75 años de una relación de trayectoria intachable. Pero al final de la andadura el sabor es agridulce. Por una parte Mina acaba la concesión con una nota de 8,4 en una encuesta de satisfacción entre sus clientes; no existe queja sobre el servicio más allá de las incidencias habituales que puedan darse en la cotidinanidad del servicio; ha sido una empresa de referencia en la ciudad, pero concluye la relación en un clima extraordinariamente crispado con el equipo de gobierno y la mayoría de los partidos que componen el pleno municipal en el que no faltan amenazas de denuncias y querellas y procedimientos judiciales contra decisiones municipales que irán tomando forma en los próximos meses.
De hecho, la empresa espera que el juzgado se pronuncie hoy mismo sobre las medidas cautelares que ha solicitado contra la prórroga forzosa que entendía la empresa inapropiada por modificar las condiciones de la prestación de servicio que han regido hasta ahora la relación.
En alguna ocasión hemos manifestado desde esta misma tribuna que Mina ha tomado algunas decisiones que pueden parecer estratégicamente equivocadas, pero que en todo caso, son decisiones empresariales legítimas y la judicialización del proceso de liquidación no responde más que a una diferencia radical de criterios con respecto a la naturaleza de la relación que a ambas partes. Las decisiones que ha tomado el Ayuntamiento hasta el momento, son asimismo legítimas, con base jurídica y por tanto, la diferencia de criterios tiene su vía de solución en el procedimiento administrativo. Mina no debe ver en el Ayuntamiento a la administración que quiere atropellar su actividad empresarial ni el Ayuntamiento debe ver en Mina a la empresa que quiere perpetuar su negocio cuestionando decisiones de gobierno. Es cierto, no obstante, que entre la exigencia y la prevención orgullosa se podría haber fabricado un lugar de encuentro que hubiese hecho más habitable la liquidación.
Lo importante, lo verdaderamente relevante, será la decisión sobre el modelo de gestión que la ciudad adopte para el futuro y las consecuencias que uno u otro puedan tener para la ciudad, al margen ya del conflicto con Mina. Se trata, probablemente, de la decisión más importante que se haya tomado en la ciudad desde la llegada de la democracia. La cuestión está en que pese que existe una amplia mayoría en el pleno municipal que aboga por una gestión directa, la decisión no se ha tomado todavía.
