El Gremi de la Construcció del Vallès (GCV), adscrito a la patronal terrassense Cecot, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mossos, Policía Nacional, Policia Municipal y el Ayuntamiento de Terrassa trabajan conjuntamente desde 2014 para evitar prácticas fraudulentas en el sector de la construcción, una actividad ilegal que se redujo durante el pasado ejercicio. "El intrusismo no sólo perjudica a la competitividad de las empresas del sector que cumplen con la normativa, sino que es un problema que termina afectando al conjunto de la sociedad", recordó Toni Palet, presidente del citado gremio, durante una reunión de trabajo de la comisión de lucha contra el fraude celebrada recientemente y que da continuidad al compromiso adquirido hace dos años por los principales organismos de intervención y lucha contra el fraude y la economía sumergida.
El encuentro contó con la asistencia, además de Palet, de Joan Ruiz, vicepresidente del GCV, Juan Carlos Marcos, inspector jefe del grupo de extranjería de la Policia Nacional; Antoni Flores, intendente mayor de la Policia Municipal de Terrassa; Joan Carles Escobar, intendente-jefe de la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Terrassa; María José Ballesteros, jefe de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona; Lourdes Benito, subinspectora de empleo y Seguridad Social y coordinadora del equipo de economía irregular; y Eva Candela y Salvador Navarro, del Ayuntamiento de Terrassa.
Nuevas iniciativas
Los asistentes valoraron el resultado de las acciones realizadas desde el primer acuerdo de colaboración en el año 2014 y proyectaron nuevas iniciativas para evitar que en las obras de construcción trabajen empresas y personal en situación ilegal. Sin embargo, se coincidió en que actualmente es más complicado llevar un control de intrusismo laboral porque no hay obras grandes. Además, la mayoría de proyectos en marcha son obras por reformas, por lo que son más difíciles de seguir a menos que la misma Inspección actúe para comprobar su irregularidad. Las campañas de sensibilización del Gremi para que sus agremiados denuncien prácticas fraudulentas y obras en las que tengan sospechas de producirse ilegalidades, más la coordinación con el resto de agentes, han dado sus frutos y se detecta una reducción del intrusismo y del número de denuncias en el último año. El objetivo sigue siendo conseguir que el porcentaje de trabajadores ilegales baje considerablemente.
Dualidad
Asimismo se pretende erradicar también la dualidad de la mayor parte de estos casos de fraude en los que los trabajadores están en condición ilegal pero a la vez son receptores de la prestación de desempleo. Unos indicadores que han bajado respecto a años anteriores y que animan a mantener la colaboración entre cuerpos de seguridad, agentes empresariales y el departamento de inspección. Según Palet, "desde el Gremi seguiremos trabajando en la misma línea para conseguir que no haya ninguna empresa que pueda trabajar de manera fraudulenta. En la mayoría de casos mediante el abaratamiento de presupuestos que no pueden ser competitivos para empresas que contribuyen teniendo todos sus impuestos al día. Es un agravio comparativo injusto".