La sala de actos del Vapor Universitari acogió ayer una de las conferencias más esperadas del ciclo "Parlem de l’Aigua", la del hombre encargado de pilotar desde el Ayuntamiento el complejo final de la concesión en Terrassa. Joan Gaya, comisionado del agua, habló como ingeniero y experto en gestión del agua, desde una imparcialidad formal que le permitió diseccionar el caso de Terrassa sin apenas mencionarlo.
Gaya tituló su exposición "La remunicipalización de servicios" y quiso aclarar de entrada qué entiende por remunicipalizar. "No que la administración compre a un titular privado. Semántica y políticamente entiendo que se trata de recuperar los servicios que se dejaron en manos privadas".
Desde esa premisa, Joan Gaya analizó los retos a los que se enfrenta un final de una concesión, los intereses de las empresas privadas y las debilidades de la adminstración pública.
Sobre la reversión de bienes, defendió que "los activos afectos al servicio que aporta un concesionario y que ha recuperado mediante las tarifas ya están pagados" y añadió que, como los bienes, la empresa también debe entregar "la información esencial" para la continuidad del servicio.
Joan Gaya reflexionó sobre cómo los ayuntamientos, volcados en atender las urgencias de la primera transición, descuidaron el control sobre sus concesiones. "Los gobiernos municipales no siempre han estado a la altura -dijo- y han basado su relación en la confianza. Pero ninguna empresa privada ha nacido para ser una ONG".
En este sentido, el ponente denunció la excesiva duración de los contratos y desgranó las claves de la agresividad entre las grandes corporaciones en la pugna por el pastel del agua. "El beneficio de las compañías no está sólo en la tarifa, está en las obras y los contratos vinculados", dijo, para recordar que no hay riesgo en la gestión de un servicio de abastecimiento del agua donde, "quien controla la información controla el poder".
Todo esto ayuda a entender la virulencia entre compañías y" la judicialización de un proceso", dijo, ya sí en clara alusión al caso de Terrassa, donde Mina amenazaba esta misma semana con volver al contencioso, ahora por la prórroga del servicio y la reversión.
Mina defiende continuar al frente del servicio mediante una gestión mixta sin concurso público y Gaya recordó ayer que fueron las propias empresas del sector las que llevaron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya la adjudicación directa a AGBAR en Barcelona. "Cosas que antes eran posibles ahora no lo son", dijo.
Las reglas del juego
El Ayuntamiento de Terrassa espera tener el informe sobre las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de gestión para tomar una decisión que votará el pleno, donde hay una mayoría amplia a favor de la gestión pública.
Gaya rechazó ayer la vía de la consulta, anunciada y posteriormente descartada en Terrassa, porque "vota como mucho un 10% y las posiciones son muy fácilmente manipulables".
El ingeniero dibujó las reglas del juego que deben regir el traspaso a una gestión pública del agua. "El Ayuntamiento debe estar dispuesto a tomar decisiones relevantes -dijo-, debe haber transparencia informativa y garantía de acceso al servicio público". La proporción entre los recursos y las inversiones es esencial para la viabilidad y, "si se opta por la gestión privada el contrato debe ser corto, y si el gestor es público debe rendir cuentas como máximo cada año".
En este sentido, Gaya mencionó ayer "la labor heroica, el drama en solitario" que afrontan los ayuntamientos que optan por la gestión directa y pidió la creación de un observatorio que elabore una teoría moderna sobre la gestión pública y que asesore a los municipios.
La ponencia del comisionado del agua de Terrassa se prolongó durante dos largas horas ayer en el Vapor, ante una audiencia discreta -unas 35 personas y 19 vía "steaming"- y muy activa en el turno de ruegos y preguntas.
