La Generalitat abrirá expediente sancionador a Gas Natural por el caso de la mujer muerta en Reus (Tarragona) a la que cortó la luz por impago, aunque las entidades sociales se han mostrado muy molestas con el Govern por la ausencia de medidas y de compromiso político.
Govern y entidades han intervenido en rueda de prensa después del segundo encuentro de la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña, en la que también han participado las empresas energéticas, y que ha tenido lugar en el Palauet de Can Buxeres de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) durante cerca de tres horas.
El secretario de Empresa y Competitividad, Joan Areggio, ha considerado que las alegaciones presentadas por la suministradora no justifican que no se diera parte al consistorio antes de cortar la luz a la anciana de 81 años, que murió como consecuencia de un incendio que prendió con una vela que usaba para alumbrarse.
“Es un hecho muy grave”, ha recalcado el secretario, que no ha precisado cuál será el importe de la sanción, que puede ir de 10.000 euros a un millón.
Las entidades sociales, por su parte, reclaman que se imponga la sanción máxima, y también que el Govern actúe “de oficio” para detectar y multar a las suministradoras que incumplan la Ley 24/2015 sobre pobreza energética y vivienda, que contempla informar a los Ayuntamientos antes de efectuar cualquier corte para cerciorar que no se afecta a personas vulnerables, aunque un artículo habla de un protocolo de actuación en este sentido que lleva meses encallado.
“Hay una cosa que está clara y a la que no hay que dar más vueltas: antes de cortar se tiene que informar a los Ayuntamientos”, ha recalcado Areggio, que ha considerado que Gas Natural conocía y aceptaba esta obligación puesto que, según él, contactó con el Govern para aclarar ciertas dudas al respecto.
Sin embargo, las entidades sociales han reprochado a la Generalitat que no dé un paso más para obligar a que se cumpla la ley, que el propio Ejecutivo admite que “incumplen” varias suministradoras pero a la vez calculan que ha ayudado a evitar 39.000 cortes.
Según la portavoz de la plataforma de Acción contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano, las entidades han salido muy decepcionadas de la reunión de la mesa porque no ha habido “ningún compromiso político” por parte de la Generalitat, lo que ha tildado de “lamentable”.
Gas Natural ha aducido desde el primer momento que la ley 24/15 de pobreza energética contempla un protocolo de actuación que lleva meses encallado y que el Ayuntamiento de Reus no le comunicó que la anciana se encontraba en una situación vulnerable.
En todo caso, y según el acta de la anterior reunión de la mesa de emergencia sobre la vivienda y la pobreza energética del 13 de junio, la directora de la Agencia Catalana del Consumo informó a los 50 asistentes de que “se está igualmente trabajando en los protocolos que permitan desarrollar el artículo 6 de la ley 24/2015, a los efectos de evitar dudas en la aplicación por parte de las empresas y los servicios sociales, para garantizar la protección de las personas”.
Dicho protocolo de actuación está encallado desde hace meses por parte del Govern a pesar de que el Parlament lo ha apremiado en más de una ocasión.
Más allá de la pobreza energética, el encuentro de hoy también ha servido para abordar cómo aumentar el parque de vivienda pública para dar respuesta a las necesidades de quien no puede pagar un alquiler o ha sufrido un desahucio.
“Estamos igual o peor”, ha asegurado uno de los portavoces de las entidades sociales, Carlos Macías, que ha lamentado que “las entidades financieras y suministradoras no responden” y que “la Generalitat no obliga”.
Entre las entidades sociales participantes figuran sindicatos, fundaciones, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y Cáritas Diocesana de Barcelona, entre otros.
