Cientos de consumidores podían ver todos los contenidos de pago de plataformas televisivas porque tres individuos les vendían decodificadores modificados. La Guardia Civil ha detenido a tres personas, una de ellas vecina de Terrassa, por esa presunta práctica fraudulenta. Los arrestados, ya en libertad provisional, están acusados de un delito contra la propiedad industrial.
Las investigaciones nacieron en marzo del 2015 a raíz de una denuncia presentada por DTS (Distribuidora de Televisión Digital SA), firma que había detectado páginas web, anuncios y perfiles en redes sociales donde se daban a conocer las ofertas.
En esos sitios "se publicitaba la posibilidad del acceso total a los contenidos de pago de todas las plataformas", indicó ayer la Guardia Civil. El acceso era a través de líneas privadas CCCAM y duraba doce meses. El precio anual acordado por tener vía libre a los productos codificados con el sistema pirata era de 199 euros.
Las indagaciones policiales las llevó a cabo el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica (GDET) de la policía judicial de la Guardia Civil de Catalunya. Los agentes tiraron del hilo tras saber que los vendedores facilitaban por internet a los interesados direcciones de correo electrónico y números de una aplicación telefónica de mensajería instantánea. Y como forma de pago planteaban vías diversas: se podían adquirir los productos mediante transferencias bancarias en varias entidades financieras, pero también con ingresos en ventanilla, por Paypal o con empresas de envío de dinero.
El margen de negocio era alto, pues, según concretaron los investigadores al analizar los movimientos de cuentas bancarias, los acusados compraban las líneas a un proveedor de Marruecos a un precio que iba de los 18 a los 27 euros.
Un millón de pérdida
Cada detenido disponía de cientos de clientes que compraban las líneas a 40 o 50 euros, según los casos. Para los trámites, los sospechosos usaban nombres de otras personas y el concepto indicado en los envíos del material era simulado.
La Operación DECO, como la bautizó el instituto armado, culminó hace unas semanas con las tres detenciones y los registros de los arrestados. Uno de los sospechosos es un ciudadano argentino de 38 años y vecino de Terrassa. Otro, español de 52 años, es de L’Eliana (Valencia) y la tercera persona detenida es una mujer, española, de 36 años y residente en la población madrileña de Leganés. Según la Guardia Civil, los tres estaban conchabados y sus acciones causaron un perjuicio de un millón de euros a las plataformas de pago.
