El Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa cree que la administración pública debería haber llevado a cabo una mayor fiscalización de la gestión de Mina como concesionaria del servicio público del agua en la ciudad y, en especial, de las retribuciones fijadas por la compañía con cargo a las tarifas. Así lo manifestaron el viernes Xavier López Relat y Òscar G.Villa, miembros del OCM, durante el primer debate del ciclo Parlem de l’Aigua, que hace tres semanas arrancó en el Vapor Universitari con una Jornada Internacional.
En la sesión del viernes falló el ponente especializado y la respuesta de público a la convocatoria fue muy discreta. En ese contexto, el Observatori optó por centrar la sesión en explicar las conclusiones de la investigación llevada a cabo por la plataforma hasta el momento, especialmente sobre la adjudicación de la concesión a Mina y la gestión realizada por la compañía durante los 75 años de contrato que culminan en diciembre.
Xavier López Relat habló especialmente de la fiscalización del servicio, tema que daba título a la sesión. Lo hizo para recordar que "es a la administración a la que corresponde supervisar al concesinario" y constatar que "hubiera convenido una mayor fiscalización".
El ponente recordó que las tarifas del agua "han aumentado 41 puntos por encima del IPC desde 2002 a 2014" y puso el dato en contraposición a las remuneraciones fijadas por la compañía. Según la documentación mostrada, el % de las cuentas de Mina que se han destinado a remuneraciones ha ido aumentando hasta situarse "en el 10% de los gastos"
Un comportamiento injustificado a juicio de la OCM, "porque las remuneraciones se han fijado de manera arbitraria. La aplicación de distintos criterios y porcentajes en cada momento parece pensada para garantizar una cifra final".
Los datos dieron lugar a un intenso debate sobre el control de los beneficios de Mina durante los 75 años de concesión y la repercusión que las remuneraciones a la cúpula de la entidad han tenido sobre las tarifas.
Durante la sesión, desde la Auditoria Ciutadana de l’Aigua se defendió la titularidad pública del servicio del agua en la ciudad y sus ponentes apostaron por la aplicación de tasas, sea cual sea la fórmula de gestión del servicio en la ciudad, "porque están amparadas legalmente y tienen una mayor protección que un precio privado".
La charla también hizo un repaso histórico a la concesión a partir de la documentación recabada. Òscar G Villa explicó que la mercantil de Mina invirtió 4,5 millones de pesetas en adecuar la infraestructura. "Hicieron cálculos y vieron que necesitaban 75 años para amortizarla".
Fue una adjudicación directa a una empresa "sin afán de lucro que debía entregar al Ayuntamiento el 5% de la explotación -dijo Villa-. Se le dio la concesión a una empresa que renunciaba a los beneficios y ahora la gestiona una multinacional", en alusión a la presencia de AGBAR en el accionariado.
