UGT considera que el nuevo Gobierno debería contemplar como “primera asignatura” la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por los sindicatos, para dotar de una renta mínima a dos millones de hogares sin recursos o que viven en el umbral de la pobreza.
En un comunicado, UGT recuerda que ya han pasado 165 días desde que el sindicato presentó en el Congreso la ILP para esta prestación mínima de 426 euros que deberá debatirse en la Cámara Baja y salir adelante con el apoyo de los grupos parlamentarios “si de verdad se quiere fortalecer el Estado del Bienestar”.
El sindicato también advierte de que las políticas de protección social están paralizadas tras 300 días sin Gobierno y, ante esa “situación de alarma”, exige la “intervención pública” para recuperar recursos económicos destinados a políticas sociales, que deberían ser prioritarias en la agenda del nuevo Ejecutivo.
En este sentido, UGT apela a la capacidad redistributiva del Estado para intervenir en la creación de políticas sociales y cambiar la distribución de la renta, conforme a los principios de solidaridad e igualdad.
El sindicato reclama al nuevo Gobierno medidas urgentes para combatir el empobrecimiento de las personas e informa de que 3,5 millones de ciudadanos padecen pobreza severa.
Pero, además, 13,3 millones (un 28,6 % de la población) están en riesgo de pobreza y exclusión social, y un 25 % de los trabajadores jóvenes.
En este contexto, el sindicato apuesta por un “nuevo contrato social” que restablezca los derechos sociales perdidos y los anteponga a los intereses económicos.
Para UGT, la solución no pasa por recortar los 5.000 millones de euros que exige Bruselas sino invertirlos y recuperar recursos para políticas sociales y para la población más vulnerable.
El sindicato asegura que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la tasa de personas en situación de pobreza, e insiste en que el Estado debe de intervenir para lograr una mayor cohesión social y equidad en todo el país.
