El pleno municipal de octubre ha aprobado el acuerdo relativo a los bienes que deberán revertir a la ciudad al final del contrato de concesión otorgado a Mina, que concluye el próximo 9 de diciembre. El dictamen salió adelante con los votos a favor del PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES y la CUP. El Partit Popular y Ciutadans optaron por abstenerse, como también CIU, que volvió a desmarcarse de su socio de gobierno.
Durante el debate, el portavoz Miquel Sàmper se vio obligado a justificar el posicionamiento de su grupo ante la presión de la izquierda municipal.
"¿Apoya sin fisuras al alcalde?, ¿Reconoce que la titularidad del servicio es del Ayuntamiento?, ¿cree que es posible un pacto de continuidad con Mina, sin hacer concurso público?", le preguntó el portavoz de Terrassa en Comú Xavier Matilla. Sàmper aseguró que su grupo defiende la titularidad pública del servicio – "el control de la gestión debe estar en manos del Ayuntamiento"-, pero declinó una vez más posicionarse sobre el modelo de gestión.
La formación, que ya ha convocado a su asamblea para debatir el tema, insiste en esperar al dictamen sobre la viabilidad económica de cada modelo para posicionarse. "No sabemos el coste que tendrá para Terrassa cada modelo y no podemos decidir -dijo Sàmper-. En la calle se habla de este tema y la gente lo que quiere saber es qué coste tendrá para la ciudadanía y para el Ayuntamiento".
La réplica le vino de la portavoz de la CUP, que en una hábil maniobra logró el compromiso de Sàmper de sumarse al bloque de la gestión directa si se prueba como la más eficiente.
Maria Sirvent le recordó al soberanista que el comisionado del agua, Joan Gaya, ya ha cifrado en unos 2 millones de euros el coste de la reversión. "Ya lo sabemos. La pregunta es si apoyará la gestión directa si se demuestra como la más eficiente".
Sàmper fue claro: "Si el estudio concluye que es la más rentable lo haremos", dijo, para mencionar como aval el caso de Manresa, ciudad con gobierno soberanista y gestión pública del agua.
El acuerdo del pleno sobre los bienes que deberán revertir al final de la concesión será trasladado en audiencia pública a Mina para que se pronuncie. Los grupos dieron por sentado que la compañía rechazará el documento y el tema acabará en los tribunales. Mina ha evaluado la reversión en 60 millones.
La reversión definitiva
El próximo 9 de diciembre caduca el contrato de concesión de 75 años a Mina y arrancará una prórroga forzosa de seis meses durante los cuales el Ayuntamiento preparará el nuevo modelo de gestión, que entrará en vigor en julio de 2017. En este momento la mayoría del pleno, 20 concejales sobre 27, apoyan la gestión directa, es decir, que el próximo año el Ayuntamiento asuma el abastecimiento del agua en la ciudad.
El acuerdo del pleno de octubre fija precisamente qué bienes y servicios deberá traspasar la concesionaria Mina a la administración pública el próximo 9 de diciembre, para que ésta vuelva a ponerlos a disposición de la compañía durante los 6 meses de prórroga. La reversión definitiva se llevará a cabo el próximo verano.
Durante la sesión del jueves, los grupos quisieron reconocer la labor llevada a cabo por los técnicos municipales del área de Territorio i Sostenibilitat en un tema extremadamente complejo y sometido a tensiones políticas y judiciales.
"El dictamen de hoy es una buena muestra de que contamos con un equipo de profesionales muy valioso – dijo Xavier Matilla-. La identificación de los bienes revertibles es un ejemplo de que se trata de un equipo sobradamente preparado para afrontar el reto político que tenemos planteado".
