Ayer tuvo lugar una nueva jornada de protesta por la nueva ley educativa que dejó el ministro Wert como legado antes de retirarse a su modesto palacete parisino. Difícilmente puede encontrarse en la historia de la democracia una ley tan ampliamente rechazada por propios y extraños. La comunidad educativa en general, alumnos, padres y profesores, universidades, partidos políticos de todo sesgo y condición, hasta los responsables educativos de las comunidades autónomas que están siendo gobernadas por el propio Partido Popular han mostrado su rechazo a la LOMCE. Nunca ningún partido había concitado tal consenso ante una iniciativa legislativa.
Esta semana se dijo que Mariano Rajoy ponía, como moneda de cambio al PSOE para hablar de estabilidad, la LOMCE y la Reforma Laboral. Parece ser, no obstante, que luego se ha desmentido o el presidente, hasta el domingo en funciones, se ha desdicho. En todo caso, sí parece que el ofrecimiento o “no ofrecimiento” deja entrever que hay algo de mala conciencia en el PP con la Ley Wert, como la hubo con la Ley del Aborto, que provocó el desamparo y posterior dimisión de Ruiz Gallardón. en cualquier caso, la ley sigue ahí y su sanción, reforma o retirada deberá ser una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno.
La ley de las reválidas sólo viene a complicar y a revestir de una potencial injusticia el sistema de la enseñanza en España. En vez de dedicar esfuerzos a consensuar una arquitectura educativa sólida, integradora, igualitario y eficaz, nos perdemos en ocurrencias que vienen a desestabilizar aún más el débil equilibrio existente.
Una reválida en alumnos de ESO, en una edad realmente complicada que se lo juegan todo en un examen cuando ya han aprobado los cuatro cursos, es situar a los jóvenes al borde de la expulsión del sistema. Lo mismo ocurre con los alumnos de bachillerato. Es cierto que hoy en día el bachillerato tiene poco sentido si no existe un camino a andar que pasa normalmente por la selectividad, pero al menos, se presenten o no a las actuales PAU, el título de bachillerato lo tienen en el bolsillo y pueden tomar decisiones sobre su futuro. Un error también les puede situar fuera del sistema sin más.
Probablemente haya pocas cuestiones que necesiten de un mayor ejercicio de responsabilidad por parte de la clase política, especialmente de la gobernante. Esperemos que la minoría de la legislatura que está a punto de empezar permita tomar decisiones valientes en ese sentido.
