Los concejales de Badalona Oriol Lladó y José Téllez han alegado hoy ante el juez, que les ha investigado por desoír la prohibición de abrir las puertas del consistorio el 12O, que actuaron legítimamente para defender la soberanía local y han acusado al PP de instrumentalizar la justicia.
Oriol Lladó (ERC), que el 12 de octubre ejercía como alcalde de Badalona en funciones, y José Tellez (CUP), que rompió una copia del auto del juez que les impedía abrir el consistorio el Día de la Hispanidad, han comparecido hoy como investigados ante el titular del Juzgado de instrucción número 4 de Badalona por un delito de desobediencia, a la espera de que mañana declaren los otros cuatro concejales investigados.
Lladó, que ha declarado durante dos horas y media, ha asegurado a los periodistas que en su comparecencia ante el juez ha lamentado la judicialización de la política por parte del PP y ha sostenido que el 12O no hicieron “nada incorrecto”, ni nada que no pudieran hacer, ni que no fuera legítimo, ya que se limitaron a ejercer “con normalidad” su “derecho a la representación” para atender a la ciudadanía.
El concejal republicano también ha acusado al PP de montar un “circo” al judicializar la política con su denuncia contra el equipo de gobierno de Badalona, con el objetivo, a su parecer, de tender “cortinas de humo”, no asumir “la realidad de las cosas” y para “resolver en el ámbito judicial lo que no consigue resolver en el ámbito político”.
Por su parte, Téllez ha afirmado a los periodistas que, a preguntas tanto del juez como del fiscal sobre su gesto de romper una copia del auto que les prohibía abrir el 12O se ha escudado en su derecho “a la libertad de expresión”, ya que con su actuación pretendió “criticar cómo se instrumentaliza y cómo se manipula a las administraciones judiciales por parte del PP”.
Los dos concejales, que han llegado al edificio judicial arropados por la alcaldesa, Dolors Sabater (Badalona en Comú), y por diputados y representantes de JxS, la CUP y En Comú Podem, así como por dirigentes de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia), han insistido en defender que su actuación fue correcta y se situó en un marco de normalidad.
“Estamos convencidos de que hicimos una cosa a la que teníamos derecho, que es la representación política, convencidos de que nuestras explicaciones son de peso y convencidos de que no hicimos nada incorrecto, nada que no pudiésemos hacer y que no fuera legítimo”, ha señalado Lladó.
El concejal republicano ha lamentado que hayan sido citados a declarar en el juzgado por “un acto de normalidad que lamentablemente ocurre en un Estado que no es muy normal”.
Según Lladó, en este caso se ha demostrado que el PP ha intentado utilizar “el ámbito judicial como arma” para “arreglar en los tribunales lo que no pueden arreglar o reconducir en el ámbito político”.
Por su parte, Téllez ha asegurado que no se arrepiente de haber roto una copia del auto del juez contencioso-administrativo que les prohibía abrir el 12O, en una decisión que sólo consultó con su círculo más íntimo, aunque ha lamentado que se haya “elevado una anécdota a categoría”.
“Atendimos a la ciudadanía en las dependencias municipales como hacemos en muchos festivos y fines de semana, ejerciendo nuestro mandato como cargos electos”, ha expuesto.
El juez también había citado hoy a la concejal de ERC Agnès Rotger, aunque ha aplazado su interrogatorio hasta mañana, ya que problemas en el servidor del edificio judicial han impedido grabar las comparecencias, que se han demorado más de lo habitual al tenerse que sustituir por un proceso más lento de transcripción.
Para mañana, además de Rotger, el juez ha citado como investigados a los otros tres concejales que también acudieron al consistorio el 12-O, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran, los tres miembros de la coalición Guanyem Badalona, integrada por Podemos y la CUP y liderada por la alcaldesa.
