El Vapor Universitari acogió el viernes la primera sesión del debate ciudadano sobre el servicio público del agua en Terrassa y lo hizo con un retrato coral, un debate abierto sobre cómo afrontan las ciudades el reto de la municipalización. París, Nápoles, Córdoba y Olesa expusieron sus modelos de gestión y como éstos han encajado en sus distintas realidades sociales, económicas y políticas. Cuatro experiencias y un objetivo común, “gestionar el agua como un derecho, no como un bien mercantil”.
La experiencia de París la expuso la arquitecta argentina Graciela Shneider, presidenta del Observatorio del Agua de la capital francesa y agente activo en la concesión del servicio en Buenos Aires.
París remunicipalizó el agua en 2010 a través de una “empresa autónoma con personalidad moral”, Eau de Paris, que gestiona el ciclo integral del agua y en la que, además de garantizar el suministro a 3 millones de usuarios, “tenemos como prioridad la preservación del recurso”.
La remunicipalización de París ha sido un proceso complejo y gradual, explicó Shneider, que se ha convertido en referente europeo. Seis años después del traspaso, la nueva estructura societaria está consolidada y la compañía afronta el reto económico que implica la caída del consumo.
“Los parisinos gastan entre 100 y 150 litros por persona y día -explicó la presidenta del Observatorio del Agua de París-. Es un problema a nivel europeo y un reto para el equilibrio de nuestra empresa, donde el dilema es si damos servicio o facturamos. Además, tenemos una infraestructura del siglo XIX”.
Un proceso
Y es que la municipalización del agua “es un proceso”, comentó Renato di Nicola, miembro del Foro Italiano en Defensa del Agua y la Vida, que acuñó la frase “se escribe agua, se lee democracia”.
27 millones de italianos votaron en el referéndum sobre la privatización del agua con un rotundo no y, mientras ciudades como Milan, Venecia o Roma “se han echado atrás”, la caótica Nápoles ha apostado decididamente por la municipalización.
Di Nicola advirtió ayer en el Vapor Universitari que “la gestión pública por sí sola no resuelve el problema, necesita de la participación popular para garantizar las tarifas, controlar que no haya corrupción y sobre todo para preservar un bien que es un derecho público”. En un entorno urbano marcado por “la basura, la camorra y la corrupción, en Nápoles la experiencia de la gestión pública del agua es una flor”, una iniciativa popular imposible “sin un alcalde independiente, no vinculado a ningún partido”, capaz de mantenerse firme en un entorno de presiones y violencia. Hace solo 15 días le estalló una bomba al administrador de la empresa pública Agua Bien Común.
La gestión pública es también garantía de una política social del agua. En París y en Nápoles se han implantado tarifas reducidas para las familias sin recursos. mientras en Córdoba ya está en marcha el mínimo vital, “acompañado de un informe de los servicios sociales”, puntualizó Rafael del Castillo, concejal y consejero de la empresa municipal EMACSA.
Frenar la privatización
La llegada al gobierno del PSC y IU, el nuevo gobierno cordobés “ha logrado frenar la privatización que perseguía el PP”, pasar de precios privados a tasas y , tras una moratoria de pinchazos, poner fin a los cortes de agua. “Hoy no se priva de agua a nadie que tenga un grifo”, porque “el derecho humano debe estar por encima de la normativa”.
En Córdoba desde 1930 el agua es municipal y desde 1969 EMACSA, una sociedad pública “con independencia financiera y operativa” gestiona el ciclo integral. “Nos queda mucho por hacer, llevamos sólo 16 meses”, dijo Del Castillo, que admitió limitaciones en el principio de transparencia que debe regir la gestión pública. “Cuando me pasan las actas del consejo de administración de EMACSA pone ‘confidencial’, algo que debemos corregir en el futuro”.
Renato di Nicola defendió la importancia de que se rinda cuentas de la gestión pública porque “es la única manera que tiene la ciudadanía de que ejercer control”, aunque relativizó la repercusión social de los mecanismos de transparencia porque “a la gente lo que en realidad le interesa es la tarifa y la calidad del agua”.
En el debate, el único que presumió de tarifas fue Joan Arévalo, el presidente de la Comunidad Minera Olesana, la cooperativa del agua que gestiona el suministro en el municipio. “Nosotros revertimos los beneficios en las tarifas, que son un 57% más baratas”.
Arévalo defendió el modelo cooperativista como ” el más participativo porque la soberanía reside en la asamblea general y más del 90 por ciento de los olesanos son cooperativistas”. En Olesa “el agua siempre ha sido un servicio, no una mercancía”. Los cooperativistas creen que “la gestión municipal no siempre es una garantía, lo importante es la participación”.
