La cacería de la Justicia contra algunas asociaciones de consumidores de marihuana se ha cobrado una nueva presa. Cuatro personas, responsables de un club cannábico, están llamadas hoy a un juicio en la Audiencia Provincial. El fiscal pìde para dos de los procesados penas de cinco años y seis meses de prisión. Para otros dos, cuatro años y seis meses. Los considera autores de dos delitos: de uno contra la salud pública (tráfico de drogas) y de otro de asociación ilícita.
El Ministerio Público, como en otros casos, como en el de hace unas semanas con los directivos de otra asociación similar de Terrassa, afirma que en el local de la entidad, ubicado en Ca n’Aurell, "se produjo la venta indiscriminada de marihuana y hachís", lo que contravenía el objeto cultural reflejado en los estatutos del club. Éste fue constituido el 18 de julio del 2009. El 12 de noviembre la Generalitat lo inscribió en el registro oficial de entidades; se trataba de un club de estudio sobre el cáñamo.
La entidad asociaba a cada uno de sus integrantes en un registro privado, a cambio de treinta euros anuales de cuota. Cada miembro retiraba entre dos y cinco gramos al día de maría en bolsitas, con un precio que oscilaba entre los tres y los seis euros el gramo, señaló el fiscal en sus conclusiones provisionales. La droga la recibía la entidad de "ignorados proveedores" y el club abastecía a unas 1.500 personas.
Saltaron las quejas vecinales y los Mossos d’Esquadra comprobaron "la constante afluencia de personas al local" entre octubre del 2010 y junio del 2011, según el fiscal. Los visitantes retiraban el cannabis y se marchaban con cierto sigilo, pero los mossos confiscaron sustancia a consumidores a la salida de la sede de la asociación. El Ministerio Público desgranó, cuando menos, siete requisas de droga a otros tantos consumidores.
La defensa
Para la acusación, los procesados incurrieron en delitos contra la salud pública (traficaron con drogas) y de asociación ilícita,. Pide más pena para dos de ellos que para los otros dos porque los primeros eran fundadores de la asociación. El abogado de la defensa de los acusados, Horacio Airaudo, aseguró en su calificación de los hechos que no había delito alguno; que el bien jurídico "salud pública" no había quedado lesionado por la conducta de los encausados y que en el club no se produjo venta indiscriminada de marihuana y hachís.
