El equipo de gobierno (PSC) ha acordado con el grupo municipal Alternativa d’Unitat Popular (AUP) desplegar en las ordenanzas fiscales del próximo año un recargo del 50% sobre el IBI a todos aquellos propietarios que se compruebe que disponen de viviendas vacías de larga duración. Se estima que en Rubí hay alrededor de tres mil pisos vacíos.
Se trata de una medida contemplada en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que quiere “consolidar mecanismos legales para que nuestro requerimiento de cesión de viviendas vacías pueda tener más fuerza”, explicó la concejala del área de Servicios a las Personas, Marta García, quien añadió que “la necesidad de vivienda es una demanda social urgente”. Y apostilló: “El derecho a una vivienda digna es un derecho básico de la ciudadanía y este gobierno continuará trabajando de manera estratégica para defenderlo”.
El acuerdo prevé también garantizar los derechos de los propietarios y priorizar su colaboración. En primer lugar, se comprobará la existencia de una vivienda vacía y se propondrá un acuerdo al propietario. Este trámite supondrá el pago de una tasa por la prestación de oficio de esta comprobación.
Según el acuerdo entre el equipo de gobierno y AUP, todo el proceso se regulará a través de un reglamento que debe estar listo el primer trimestre del año próximo.
“Compartimos el diagnóstico con el equipo de gobierno: Rubí tiene un problema de vivienda que debe abordarse de manera valiente. Felicitamos la valentía del ejecutivo para ir un paso más allá y por haber hecho público este acuerdo con la AUP, que ahora es también un compromiso con la ciudadanía”, afirmó el edil de AUP Aitor Sánchez.
Instrumento
El Ayuntamiento de Rubí ha destinado 400 mil euros a ayudas directas para el mantenimiento de viviendas y pagos de alquileres entre 2015 y 2016, ha enviado 413 informes para evitar cortes de suministro y, hace unos días, firmó también un acuerdo con Sorea, la empresa que gestiona el agua en el municipio, para garantizar su acceso por parte de la ciudadanía. El acuerdo incluye, entre otros aspectos, la creación de un fondo de solidaridad por parte de la compañía.
Igualmente, el Consistorio también ha puesto en marcha programas para requerir a las entidades bancarias y a los grandes propietarios la cesión de vivienda para la bolsa pública de vivienda.
La Mesa por el derecho a la vivienda es también un instrumento de reciente creación que permite que ciudadanía, entidades y grupos políticos puedan participar y colaborar con la administración local en el impulso de acciones para abordar el tema de la vivienda en la ciudad.
LA CIFRA
3.000. Es la cifra estimativa de viviendas vacías en el municipio.
