Dos hombres están acusados de estafar a su propia empresa, de distribución de vehículos: de hacer movimientos bancarios sin permiso de un tercero, coadministrador de la firma; de sacar dinero de la cuenta corriente de la sociedad, de usar tarjetas de crédito para gastos personales, y de vender 46 motos por su cuenta, haciendo suyo el dinero de las transacciones. El fiscal pide para uno de los procesados una pena de tres años y tres meses de prisión; para el otro, una pena de dos años y tres meses.
Los encausados eran propietarios de una empresa de distribución de vehículos de motor. El 4 de noviembre del 2007 crearon otra firma junto a otra empresa. Constituyeron una nueva sociedad cuyo objeto social era la adquisición, montaje y venta de vehículos y que disponía de taller y tienda en la zona de Ca n’Anglada. Los dos procesados eran partícipes de la empresa y uno de ellos ostentaba el cargo de administrador junto con un tercero que nada tuvo que ver con los hechos presuntamente delictivos. Apenas dos meses después de la constitución de la empresa, comenzaron los fraudes, según el fiscal. El 8 de enero del 2008, los dos acusados "suscribieron un contrato de banca electrónica con capacidad para realizar transacciones financieras, extracciones de dinero y cargar recibos", y obtuvieron tarjetas con las claves para su utilización, señala el fiscal. Y procedieron a llevar a cabo movimientos bancarios con las tarjetas sin el conocimiento del tercer empresario, el coadministrador.
La serie de infracciones prosiguió, tras la obtención de varias tarjetas de crédito y débito, con la sustracción de diversas cantidades de dinero de la cuenta corriente de la empresa recién constituida, dinero que los acusados destinaban a sí mismos, a sus gastos y a los de otra empresa de la que eran dueños, del mismo sector de la automoción.
Tarjetas
Eso refiere el Ministerio Público, que relata también la apertura de una cuenta a nombre de la firma y cómo los procesados, presuntamente, se hicieron con 1.555 euros con el uso de las tarjetas de crédito vinculadas. Aún cuenta el fiscal otro episodio de supuesta estafa: la venta, durante el 2008, de 46 motos a terceros, apropiándose del dinero de la transacción, "con el consiguiente perjuicio" para la empresa.
A uno de los acusados, el que figuraba como coadministrador junto a un tercer hombre, le imputa el fiscal un delito continuado de estafa en concurso con un delito societario: reclama dos años y tres meses de prisión por el primer delito y un año por el segundo.
El otro incriminado está acusado de un delito continuado de estafa, por lo que la pena de prisión demandada es de dos años y tres meses. El escrito de acusación no ha fijado la cifra económica de la estafa, a la espera de que la cuantía se acredite en el juicio o en la ejecución de sentencia.
La empresa a la que se habían unido los denunciados para crear otra sociedad, la erosionada por los fraudes, presentó una querella, que tramitó el juzgado de instrucción número 4 de Terrassa. El caso ha llegado a la Audiencia Provincial de Barcelona, que tiene previsto celebrar hoy el juicio.
