La CUP ha rechazado hoy de plano la posibilidad de que el proceso soberanista se subordine a un referéndum pactado con el Estado, tras avisar que “ahora que las condiciones están maduras no podemos dejar que se pudran”, y ha pedido un IRPF más redistributivo así como auditar la deuda pública.
En la intervención de la CUP en el debate de política general del Parlament, el diputado Albert Botran ha defendido la vía de la unilateralidad como la única que ha considerado “posible” para celebrar el referéndum de autodeterminación.
También ha considerado que el proceso constituyente debe ser “una ruptura democrática”, no sólo con el Estado, sino también con respecto a la forma de gobernar y las políticas actuales, algo en lo que ha profundizado el también diputado de la CUP Benet Salellas, al reclamar cambios en el tramo autonómico del IRPP para que sea más redistributivo.
“¿Quién no puede estar de acuerdo con que quien más tiene más pague?, se ha preguntado Salellas antes de insistir en la necesidad de seguir auditando la deuda pública de la Generalitat.
Sobre el referéndum, Albert Botran ha puntualizado que en los celebrados en el Québec y Escocia primero hubo “gestos de unilateralidad” por parte de sus respectivos Parlamentos, aunque luego los gobiernos canadiense y británico aceptaron la convocatoria “y se limitaron a hacer lo que es normal, defender el ‘no”.
Ha rechazado de plano, en este sentido, que el proceso catalán pueda quedar paralizado a la espera de un acuerdo con el Estado, puesto que “ahora que las condiciones (para celebrar el referéndum) están maduras no podemos dejar que se pudran”.
Ha instado, en este punto, a apostar por “la legítima unilateralidad” y “a superar el falso debate sobre el referéndum pactado, aunque si alguien lo propugna, que ponga fecha e inicie los preparativos para hacerlo”.
Botran ha reprochado a PP y Ciudadanos que “se indignen por cierta pregunta que planteó Catalunya Ràdio pero no por el hecho de que un presidente y varios consellers estén siendo perseguidos judicialmente por poner las urnas (en la consulta del 9N)”.
Benet Salellas, por su parte, ha indicado que el Tribunal Constitucional “no sólo se limita a recortar competencias de la Generalitat, sino que también actúa con una marcada posición de clase, al decir que por encima del derecho a la vivienda hay que proteger los derechos de la banca”.
Según Salellas, en el proceso constituyente de la república catalana habría que prever “diques de contención contra el capitalismo salvaje”, y ha pedido a JxSí que acepte que en los próximos Presupuestos se modifique el tramo autonómico del IRPF para que “sea más redistributivo”.
Salellas ha recordado que la negativa de JxSí a posibilitar que en el IRPF ya fue un escollo en las negociaciones de los Presupuestos de 2016, y ha pedido abordar este debate sin miedo “ya que las grandes fortunas encuentran otras formas para defraudar”.
Con respecto a la deuda pública, ha precisado que se ha triplicado desde 2009 lo que obliga, ha dicho, a tener que hacer a menudo “auditorías” sobre la misma a fin de conocer, por ejemplo, lo ocurrido con la construcción del Hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona).
Salellas ha recordado que en esta obra pública se ha tenido que invertir mucho más dinero del que estaba presupuestado y que ahora todos los catalanes están pagando los correspondientes intereses a la operación de crédito formalizada.
Salellas ha considerado que si ya hay una estructura de estado en Cataluña “ésta se llama Criteria” (Caixabank), y ha cargado contra la reducción de aulas públicas de educación infantil, que ha provocado situaciones como que en Palamós (Girona) haya ahora más aulas de escuelas concertadas que públicas.
