El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2017, que tratará de aprobar con la CUP, incluirá una nueva oferta pública de empleo de 7.000 puestos de trabajo para personal tributario, sanitario, policías y bomberos.
Puigdemont ha anunciado esta medida durante su discurso en el pleno del Parlamento catalán, que acoge el debate de política general en pleno debate con la CUP para los Presupuestos de 2107.
En este contexto, el presidente catalán ha avanzado que con la aprobación de las cuentas de la Generalitat se posibilitaría la convocatoria de 7.000 nuevos puestos de trabajo para profesionales que están “en primera línea de fuego” del servicio público en Cataluña.
La oferta pública de empleo incluirá 2.700 médicos y enfermeras, 2.000 profesores, 500 mossos d’esquadra, 150 bomberos y 300 profesionales del ámbito tributario.
En su discurso de una hora y 45 minutos ante el Parlament, Puigdemont apenas ha abordado la hoja de ruta soberanista, que ya fue objeto de debate en la cuestión de confianza de la semana pasada, y se ha centrado en la gestión del día a día.
En materia sanitaria, se ha comprometido en el acceso universal a un sistema “apreciado” por la población y ha señalado que, si se aprueban los presupuestos, espera reducir un 50% las listas de espera en especialistas y 10% en operaciones quirúrgicas.
En el ámbito de la enseñanza, Puigdemont ha llamado a estar “orgullosos” de un sistema público de “éxito” y ha arremetido contra la “propaganda” de los partidos que critican el modelo lingüístico.
En este sentido, ha defendido que los alumnos catalanes se sitúan por encima de la media española en lengua castellana: “Los hechos son los hechos”, ha espetado a la bancada de Ciudadanos.
Asimismo, ha afirmado que el Govern está “poniendo la bases” de la Agencia Tributaria de Cataluña, con el objetivo de disponer de la riqueza de Cataluña y ser más eficaces contra el fraude.
Ha reivindicado un país “limpio de corrupción política” y ha señalado que están avanzado en transparencia, con la creación de un registro de grupos de interés “único” para todas las instituciones.
El presidente catalán ha arremetido contra la “infrafinanciación crónica” del Estado, por lo que ha defendido el “estado propio” como “mejor garantía” para los servicios sociales.
Pero hasta que no se dé esta situación, el Govern, ha dicho, “cada año hace un máximo esfuerzo” para tener mayor “partida social” en los presupuestos, a la vez que trabaja para “defender y denunciar las deslealtades” del Gobierno central en inversión social, ha dicho.
También ha arremetido contra el “olvido y la dejadez” del Estado en la red ferroviaria catalana, ante lo que ha reclamado una gestión “autónoma” desde Cataluña en las infraestructuras.
Puigdemont ha puesto en valor que el paro se reduzca a mayor ritmo en Cataluña que la media española, aunque ha manifestado preocupación por los problemas “endémicos” en el empleo.
Ha advertido de que Cataluña no será competitiva “bajando los estándares laborables” y ha explicado que consensuará con agentes sociales y económicos un salario mínimo de mil euros al mes.
En pleno proceso soberanista, Puigdemont ha aseverado que “en Cataluña no hay fuga de empresas” y que han marchado este año “menos” empresas que en Madrid.
Ha asegurado que 23.000 empresas han recibido apoyo para la internacionalización, de manera que por cada euro invertido, el retorno ha sido de 49 en exportación y 26 euros en inversión extranjera.
En cuanto al turismo, ha indicado que lejos de “criminalizarlo, como se hace desde algunos sectores”, se debe luchar contra la oferta ilegal y el incivismo, apostando por incrementar la calidad de los servicios y mejorar las condiciones laborables del sector.
También ha clamado contra la “vergüenza” por los problemas de los catalanes para votar desde el extranjero, para lo que el Govern impulsa la ley de voto electrónico.
En seguridad, ha destacado que los hechos delictivos en Cataluña han acumulado un “descenso del 9% en los últimos cuatro años”.
Puigdemont ha explicado que, para hacer frente a la “amenaza terrorista”, el Govern reserva un “fondo de contingencia de 11,5 millones de euros” y ha acusado al Ejecutivo central de seguir resistiéndose a “facilitar datos” a los Mossos d’Esquadra.
