Evitar que alguien se vea privado del servicio de agua por motivos económicos". La frase es de Núria Latorre, directora de Clientes de la empresa Aigües de Barcelona, y resume el espíritu de los acuerdos alcanzados entre las distintas empresas concesionarias de agua y los municipios del Vallès Occidental en los que operan. Así lo explicaron ayer dichas empresas en un acto en el Consell Comarcal que, de algún modo, supone oficializar estos convenios y darles un rango comarcal que visibiliza el trabajo contra la pobreza energética que viene realizan la institución.
No hay una pauta común que sirva para todos los municipios, ni una cifra global que resuma las ayudas que están dispuestas a ofrecer las empresas en el conjunto de la comarca, pero sí el compromiso de todas ellas de evitar los cortes de suministro en el caso de familias en riesgo de exclusión y la puesta en marcha de mecanismos que les ayuden a pagar las facturas, cumpliendo así con los derechos recogidos en la ley 24/2015 aprobada el año pasado por el Parlament.
Las cuatro empresas implicadas son Sorea, Cassa, Mina Pública d’Aigües de Terrassa y Aigües de Barcelona. Los convenios firmados cubren, prácticamente, todos los municipios de la comarca, excepto Castellbisbal, Vacarisses, Barberà y Gallifa, que cuentan con empresas de gua municipales o mixtas.
Cada una de ellas ha firmado nuevos convenios o bien mantenido los que ya tenían en vigor con los ayuntamientos de la comarca donde dan servicio para establecer unos circuitos de actuación que no dejen desamparada a ninguna familia con escasos recursos y establecer las fórmulas más adecuadas para financiar parte o la totalidad del recibo. El protocolo común es el que emana de la ley catalana contra la pobreza energética que obliga a estas empresas a solicitar un informe de vulnerabilidad a los Servicios Sociales municipales antes de cortar el suministro a ninguna familia.
Sobre este asunto, el consejero comarcal Pol Altayó, presidente de la comisión contra la pobreza energética, pidió agilidad a los ayuntamientos a la hora de redactar los informes de vulnerabilidad solicitados por las concesionarias.
175 mil euros en Terrassa
En el caso de Terrassa, Josep Lluís Armenter, director general de Mina, explicó que tienen en vigor dos tipos de ayudas. Por un lado la tarifa social, que supone bonificar el 90% de la cuota fija de servicio, y por otro, el fondo social, que complementa el 10% restante y permite sufragar el coste del primer tramo del servicio (hasta 15m³/trimestre). Desde que en 2013 se pusieran en marcha estas fórmulas, la compañía ha destinado 175 mil euros. Hasta ahora, la tarifa social ha beneficiado a 2.400 familias y con el fondo de solidaridad se ha ayudado a 851 clientes, con la estimación de alcanzar los 1.130 cuando acabe el año.
Desde el grupo Cassa, su director general, Joan Cristià, aseguró que se sienten "cómodos" con la ley contra la pobreza energética porque supone "reconocer derechos" que eviten el corte de suministro a quien no puede pagar. También Francesc Mayné, de Sorea, que opera en ocho poblaciones de la comarca, se mostró convencido de trabajar para que "el agua, un servicio absolutamente básico, no sea un factor de exclusión social en Catalunya".
