Es cierto que el Consell comarcal está algo más activo desde las últimas elecciones municipales. El nuevo presidente y alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, y lo que parece una mejor predisposición al diálogo de ayuntamientos importantes como los de Terrassa y Sabadell, después de una época, digamos compleja, está impulsando acciones que contribuyen a una mayor y mejor visibilización de la acción del Consell Comarcal del Vallès Occidental. El acto que tuvo lugar ayer puede enmarcarse dentro de esa necesidad de dejarse ver, pero al mismo tiempo puede entenderse como un acto de presión. La afirmación necesita, por supuesto, de una explicación.
El Consell Comarcal invitó ayer a las cuatro operadoras concesionarias del servicio de suministro de agua (hay otra empresas, pero son públicas o de capital mixto) en su área de influencia. Con estas empresas se han llegado a acuerdos en la lucha contra la pobreza energética y han adquirido el compromiso de no cortar el agua a abonados por impago sin antes recibir in preceptivo informe de vulnerabilidad elaborado por los ayuntamientos que determine si la medida tiene una justificación o debe evitarse debido a la falta de recursos de la familia en cuestión. Se trata de aplicar la ley contra la pobreza energética que aprobó en su momento la Generalitat y que no todo el mundo aplica, como ocurre con la Ley de la Vivienda.
El Consell Comarcal está llevando a cabo una intensa labor en ese sentido y por tanto, el acto de ayer ayuda a dar visibilidad a ese trabajo. La presión está destinada sin duda a las empresas de gas y de electricidad con las que parece ser que está siendo imposible llegar a acuerdos en ese sentido. Hacer público nuevamente esta circunstancia permite al Consell poner en evidencia a esas empresas en espera de que se avengan a firmar acuedos similares.
Por su parte, a las empresas del agua también les va bien explicar cuáles son sus compromisos en relación a la emergencia social, máxime cuando algunos como Mina se están viendo sometidos a una importante presión en torno al proceso de liquidación de la concesión en Terrassa, realmente compleja y que ya empieza a generar, incluso, debate interno en el PSC. Como pudo verse en el último pleno, al alcalde Ballart no le sentó demasiado bien el artículo que publicó Manuel Royes en este rotativo sobre la conveniencia de crear una empresa de capital mixto con Mina para encargarle el suministro de agua en la ciudad: “cosas veredes”.
