El proceso judicial por la reparcelación del sector de Can Mates se ha prolongado por espacio de más de 20 años, con hasta 35 litigios por la vía del contencioso administrativo que han acabado dando la razón a los propietarios denunciantes. Por ello, estos particulares -tras darles la razón primero el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y recibir este verano una indemnización de 8,5 millones de euros del Ayuntamiento- se han retirado de la vía penal, manteniendo únicamente el fiscal su acusación por un presunto delito de prevaricación continuada contra el exalcalde Joan Aymerich y los miembros que en aquel momento ocupaban la cúpula de Urbanismo. Las acusaciones particulares entienden que sus reclamaciones han sido satisfechas y por eso no han querido seguir por la vía penal.
Precisamente, la dilatación del proceso judicial y la supuesta prescripción del presunto delito al que se enfrentan los acusados fueron dos argumentos utilizados ayer por sus defensas para pedir la anulación del juicio. El fiscal negó el primer argumentos, el de la prescripción del delito, y dijo que ésta quedó “interrumpida” tras nuevas reparcelaciones en 1998 y 2001. Sobre las dilaciones de la instrucción, reconoció que se han dado y que por eso rebaja en su escrito de acusación la petición de condena.
