Opinió

Voluntad

La Agència Catalana de l’Aigua hará finalmente una propuesta al Ayuntamiento en el sentido de realizar una intervención de urgencia en la riera de Les Arenes. El contenido amplio de la propuesta en cuanto al alcance de la intervención y la fórmula de financiación no se conocerá hasta la semana que viene, concretamente el 5 de octubre, momento en el que se llevará a cabo la reunión prevista entre el Ayuntamiento de Terrassa y el ACA. El organismo de la Generalitat no ha querido adelantar detalles para mantener unas normas de cortesía con la administración municipal.

La noticia es francamente buena, porque parece que el gesto, promovido por el conseller Josep Rull ante la protesta vecinal, puede desencallar una situación jurídicamente compleja y socialmente inquietante. De toda formas no está de más aplicar la lógica axiomática a la situación para llegar a la conclusión de que la cultura popular es savia y que es bien cierto aquello de que “el que no llora…”. Veamos. Hace años, desde el inicio de la crisis económica y la aplicación de recortes presupuestarios que no se lleva a cabo intervenciones relacionadas con el mantenimiento de la riera de Les Arenes, a excepción de unas importantes obras de seguridad que se llevaron a cabo en la zona de Can Parellada y Les Fonts. Como se sabe, Ayuntamiento y Generalitat se han enzarzado en una batalla jurídica, que, por cierto, va perdiendo el Ayuntamiento, para dirimir a quién le corresponde asumir el mantenimiento del lecho de las rieras. Mientras, la riera de Les Arenes se ha convertido en un auténtico bosque.

Los vecinos organizan una protesta debido, como decíamos ayer, a la especial sensibilidad que del asunto de las rieras se tiene en la ciudad. El conseller moviliza a la ACA y el organismo va a poner una propuesta encima de la mesa. Por lo tanto, se puede deducir que la ACA es perfecta conocedora del estado de la riera y de la necesidad de una intervención de urgencia. El propio ayuntamiento es conocedor del estado y de la necesidad de limpiar el lecho, no ya por una razón estética, que también, sino por una cuestión de seguridad.

En definitiva, que se ha tenido que esperar a que los vecinos protesten y amenacen con un contencioso para que un conseller intervenga y provoque el diálogo entre las administraciones. Al margen del fondo jurídico, de lo que no cabe duda es de que con voluntad, las cosas se solucionan.

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