Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato se sientan desde el lunes en el banquillo por el uso de las polémicas tarjetas opacas, acusados junto a otros 63 directivos de administración desleal y apropiación indebida.
El pasado 1 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas opacas, al reconocer indicios suficientes de administración desleal por parte de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.
Bankia-BFA y el FROB ejercen la acusación particular, en tanto que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), agrupación de asociaciones y sindicatos de las antiguas cajas que preside Gonzalo Postigo, a la que representa el exdiputado de UPyD Andrés Herzog, la acusación popular, junto con la Confederación General de Trabajo.
Anticorrupción pide 4, 5 y 6 años de cárcel para Rato y Blesa, respectivamente, en tanto que el FROB y la propia Bankia solicitan entre 6 y 10 años de cárcel por posible administración desleal de los exmiembros del consejo.
La CIC solicita penas de cárcel de diez años para Rato, Blesa y Sánchez Barcoj, y de seis años para los otros procesados.
Asimismo, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a Bankia, heredera legal de Caja Madrid, y que Blesa devuelva los 9,34 millones de euros gastados por todos los usuarios de las black durante buena parte de su mandato, a partir del año 2003 y hasta 2010, y 2,69 millones a Rato por los cargos llevados a cabo desde su llegada a Caja Madrid hasta su salida de Bankia.
Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid destacan 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.
En total 86 personas -65 miembros del consejo de administración y de la comisión de control y 21 consejeros ejecutivos y directivos- se beneficiaron de estas tarjetas, gestionadas directamente por Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y “mano derecha” del expresidente de la entidad Miguel Blesa.
Pero finalmente, son 65 los acusados que deberán sentarse en el banquillo.
De los 15,25 millones gastados desde 1999 a 2012, 8,96 millones correspondieron a miembros del consejo de administración y la comisión de control, mientras que los 6,28 millones restantes eran de consejeros ejecutivos y directivos de Caja Madrid.
No obstante, el detalle de las operaciones corresponde al periodo 2003-2012, en el que los gastos sin justificar ascienden a 11,84 millones; al consejo y a la comisión de control se les atribuyen 11,84 millones y a los ejecutivos y directivos, 4,624 millones.
La auditoría interna de Bankia fue la que detectó la existencia de estas tarjetas, emitidas en un primer momento por Caja Madrid, y lo comunicó en junio de 2014 a su principal accionista, el FROB.
De esta forma, el Estado pudo avisar a la Fiscalía Anticorrupción de que existían estas tarjetas de crédito, de las que no existe soporte contractual ni consta decisión por parte de los órganos de gobierno, que suman en total gastos por 15,5 millones.
De esta cantidad, el grueso, 15,25 millones, fueron cargados exclusivamente a Caja Madrid, en tanto que 245.200 euros adicionales fueron facturados a Bankia en 2011 y 2012, antes de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de este último grupo.
La utilización de todas estas tarjetas, según los datos de los informes elaborados por Bankia, no aparece conectada con los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales de sus titulares, como por ejemplo cargos elevados por compras de alimentación, grandes superficies, ropa o retiradas de efectivo.
Además, tampoco consta en los informes elaborados por la auditoría interna de Bankia que los tenedores de estas tarjetas hayan declarado los gastos como sumas percibidas en sus declaraciones correspondientes de IRPF o Impuesto de Sociedades.
El tribunal que juzgará a los acusados está presidido por la magistrada Angela Murillo, que contará con la asistencia de Teresa Palacios, que ejercerá de ponente, y de Carmen Paloma González.
